El Plan de Cuenca del Tajo llega este martes al Consejo de Agua

murcia

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha advertido que el recorte de las aportaciones del trasvase traerá consigo "graves consecuencias" socioeconómicas y medioambientales para el Levante español, según informaron fuentes de la organización de regantes. Para los regantes, la merma de caudales procedentes del Tajo tendrá repercusión, no solo para el sector agroalimentario del Levante, sino también "para los ciudadanos", que sufrirán de forma directa algunas de las consecuencias del recorte, debido "al incremento injustificado" de los caudales ecológicos del Alto Tajo.

La propuesta ministerial supone una disminución de 105 hm3 anuales, de los que al abastecimiento corresponden 27 hm3 y 78 hm3 a los riegos del Trasvase, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en la pasada reunión del Consejo del Agua.

En este sentido, el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez ha afirmado que "el Trasvase no debe tocarse porque no solo afectará al campo, sino por extensión a todos los ciudadanos del Levante" ya que este planteamiento dejará las zonas regables, declaradas de interés general del Estado y dimensionadas para recibir 400 hm3 al año, con solo 119 hm3 a final del actual ciclo de planificación.

Unas afirmaciones que, según Jiménez, "se apoya en el Plan Hidrológico del Segura 2022-27", que en días pasados recibió el informe favorable del Consejo de Agua de la CHS. Según el plan de la CHS, el recorte del Trasvase acabará con más de 8.000 empleos directos y miles de empleos indirectos, así como supondrá la destrucción de 12.000 hectáreas de campos de cultivo en Murcia, Alicante y Almería.

En resumen, el Plan de Cuenca del Segura elaborado por la CHS estima que la pérdida del valor de producción rondará los 122 millones de euros anuales.

El impacto que sufrirá el regadío tendrá consecuencias directas sobre sectores cuyo trabajo queda estrechamente ligado al sector agrícola (fitosanitarios, logística, abonos o combustible), con la correspondiente caída del consumo de las familias involucradas en ellos.

De este modo, Jiménez ha vaticinado que "será como la caída de las fichas del dominó y nos podrá pasar a cualquiera de nosotros: a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos", que ha señalado que el plan fija en "8.060 los empleos totales" afectados (directos, indirectos e inducidos).

Por otro lado, el incremento del uso del agua desalada propuesto en el Plan de Cuenca implica una subida en el precio de la factura de agua de los hogares de Murcia, Alicante y Almería.

En este sentido, el presidente del SCRATS apuntaba que "además, el plan de cuenca deja claro que el agua desalada no soluciona nuestro déficit de hídrico debido a sus elevados costes", que ha resaltado que un uso mayor de agua desalada "aumentará aún más el precio que se paga por el agua en los hogares".

Esta situación supondrá asimismo "un gran daño medioambiental", ya que los cultivos del Levante funcionan como los principales sumideros de CO2 del entorno ya que "son una de las herramientas básicas para combatir el cambio climático en la zona", destacan los regantes.

"Exigencias medioambientales"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó la pasada semana que el recorte en el caudal trasvasable del río Tajo al Segura obedece al "deber" del Gobierno central por cumplir con las "exigencias medioambientales" derivadas de la Directiva Marco del Agua.

Morán pronunció estas palabras en la Comisión de Transición Ecológica del Senado, en respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario de Vox José Manuel Marín sobre las medidas a adoptar por el Gobierno en relación con el trasvase Tajo-Segura y las regiones deficitarias en agua.

"No debemos perder de vista que tenemos el deber de cumplir las exigencias medioambientales derivadas de la Directiva Marco del Agua, entre ellas el establecimiento de los caudales ecológicos en el Tajo que aseguren el correcto funcionamiento de los ecosistemas acuáticos", precisó.

El responsable estatal indicó que su Ejecutivo trabaja en un escenario de reducción de disponibilidad hídrica de entre el 20% y el 30% como consecuencia de los impactos del cambio climático.

A esto, ha sumado que existen cinco sentencias que "anulan" el Plan de 2015, "precisamente por no atender los requerimientos de fijación de caudales ecológicos". Por ello, insistía en que "necesitamos hacer un replanteamiento que nos lleve al cumplimiento, por una parte, de la Directiva Marco del Agua y, por otra, al cumplimiento exacto de las sentencias".

Según explicó Morán durante su intervención, con el fin de "mejorar" el sistema de abastecimiento en las cuencas receptoras del trasvase, el Gobierno ha decidido aumentar los recursos disponibles con la ampliación de las desaladoras de Águilas, Valdelentisco y Torrevieja. Esta última, dijo, "ya ha duplicado su capacidad de desalación".