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Infancia con discapacidad: La lucha contra la soledad forzosa

En Navarra residen 1.733 niños y niñas para los que pretende garantizar recursos la futura Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Meztu, en el centro, flanqueada por Ignacio Iriarte, secretario técnico del Departamento, y Mariluz Sanz, presidenta del CERMIN / Cadena ser

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Meztu, en el centro, flanqueada por Ignacio Iriarte, secretario técnico del Departamento, y Mariluz Sanz, presidenta del CERMIN

Pamplona

Adultos y menores con algún tipo de discapacidad. También sus familiares. A todos ellos se dirige el nuevo anteproyecto de Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad. De momento está en fase de información pública. Previsiblemente llegará al Parlamento, una vez que sea aprobada por el Gobierno foral, allá por el mes de septiembre. Para finales de año podría ser aprobada por el Legislativo navarro. Hasta entonces queda un largo proceso que pasa, entre otras fases, por la inclusión de aportaciones que cualquier persona o entidad interesada pueda hacer al texto en el periodo que llega hasta próximo 31 de mayo. Aportaciones que se pueden realizar a través del portal institucional de Gobierno Abierto.

Con motivo de la celebración hoy del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, el secretario general técnico del Departamento de Derechos Sociales, Ignacio Iriarte, y la presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas Con Discapacidad en Navarra (CERMIN), Mariluz Sanz, han presentado esta mañana las novedades que incorpora el anteproyecto de ley foral tras la segunda fase de participación y su publicación en el portal de Gobierno Abierto.

Este año, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se celebra bajo el lema ‘Niños y niñas con discapacidad, inclusión desde el principio’. En este sentido, la consejera Maeztu ha destacado que “esta nueva ley va a velar por la protección de los derechos de los niños y niñas con discapacidad, y también va a permitir garantizar el acceso en igualdad de condiciones a una educación inclusiva, de calidad y gratuita”. Mariluz Sanz refiere que son 1.733 niños y niñas con discapacidad lo que residen en Navarra según los datos disponibles de abril de este año. Aboga porque estos niños convivan con todos los demás de forma normalizada: "Lo único que necesitan son apoyos y recursos para mejorar su autonomía". En este sentido también aboga por combatir "la soledad forzosa" de estos pequeños que, en ocasiones, se produce "sin darnos cuenta". Y pone como ejemplo las invitaciones a una fiesta de cumpleaños, que a veces dejan fuera a pequeños con discapacidad, "una manera de discriminación", que puede ejercitarse sin mala intención pero ante la que conviene permanecer atentos.

A este respecto, el artículo 8 del Anteproyecto de Ley Foral recoge que “las Administraciones Públicas de Navarra, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán especialmente porque las mujeres y niñas con discapacidad no sean víctimas de violencia de ningún tipo, ni se prescinda en ninguna situación de su consentimiento libre e informado”. También garantiza que “se respeten en todo momento su salud y derechos sexuales y reproductivos, en igualdad de condiciones con el resto de mujeres y niñas” y que “no sufran discriminación ni indiferencia ante sus preferencias, deseos y voluntad”.

Asimismo, la nueva norma señala que “se aplicará el principio de interés superior de la persona menor a niñas, niños y adolescentes con discapacidad atendiendo específicamente a las distintas circunstancias que implican los distintos tipos de discapacidad, asegurando que sean informadas, consultadas y escuchadas en todos los procesos de adopción de decisiones relacionadas con su situación, y velando por la prevención de cualquier violencia o vulneración de derechos promoviendo estrategias para su integración en familia y en caso de vivir en centros residenciales, su desinstitucionalización”.

En cuanto a la educación inclusiva, la nueva norma asegurará un sistema educativo inclusivo en todos los niveles educativos, garantizando “su participación en los centros educativos, que estos utilicen las medidas precisas para garantizar una educación de calidad que preste atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con discapacidad, mediante la regulación de apoyos para quienes precisen una atención especial de aprendizaje o de inclusión”, ha explicado Maeztu.

De esta manera, ha añadido, “la escolarización en centros de educación especial solo se llevará a cabo de manera excepcional, cuando las necesidades del alumno o alumna no puedan ser atendidas en los centros ordinarios”.

 
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