Tribunales

La defensa de Griñán defiende que nunca supo que el sistema de los ERE fuera irregular

El letrado, José María Calero, sostiene que el departamento de José Antonio Griñán manejó un 0,3 % de las ayudas sociolaborales y alerta de una "pandemia judicial" en la que todo es delito

Plano general de la sala del Tribunal Supremo en Madrid donde se celebra este miércoles la vista pública para revisar la sentencia del caso de los ERE de Andalucía por la que se condenó a diecinueve ex altos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales. / MARISCAL (EFE)

Madrid

José María Calero, abogado de José Antonio Griñán, ha defendido en el Tribunal Supremo el recurso del expresidente de la Junta de Andalucía contra su condena por los delitos de prevaricación y malversación en la rama política de los ERE. Calero ha defendido que su cliente nunca supo nada de las advertencias de la Intervención porque llegó a la Junta en el año 2004 cuando el sistema ya estaba en marcha y los ERE se habían aprobado ya en tres leyes de presupuestos en el Parlamento de Andalucía.

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La defensa de Griñán ha revelado que dispuso de un 0,3% de los 680 millones que se destinaron entre los años 2000 y 2009 a empresas en apuros, pero que el expresidente no tuvo poder de disposición de esos fondos y que "no puede malversar quien en ningún caso puede decidir sobre los destinos de esos fondos". José María calero ha explicado al tribunal que quien puso a disposición de la consejería de empleo los fondos de los ERE fue el Parlamento de Andalucía y ha negado que la Junta estableciera un sistema ilegal porque afirmarlo supone "atribuir comportamientos criminales a instituciones". A juicio de este letrado "vivimos una pandemia en el mundo judicial que satura los tribunales porque se hace una interpretación elástica de los delitos y restrictiva de los derechos con lo que los asuntos crecen, se crean y es imposible su reducción y archivo".

La sentencia del caso de los ERE de Andalucía condenó a diecinueve exaltos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.

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