La falta de niños acaba con la lista de espera en la concertada y amenaza sus cuentas
Escuelas católicas, la organización que representa a la mayoría de los centros concertados, pide una mejor financiación aunque no está dispuesta a renunciar a las cuotas que cobran a las familias.
Imagen de archivo de un colegio / Cadena Ser
Madrid
La caída de la natalidad ha terminado con las colas para entrar en muchos centros concertados. Lo asegura a la SER secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la organización más representativa del sector, Luis Centeno: "Ya prácticamente no hay listas de espera en la enseñanza concertada salvo alguna excepción. Además, donde había antes 26 - 27 alumnos, porque siempre se pedía un incremento de ratio (el máximo legal de alumnos por clase en infantil y primaria es de 25) ahora hay 23, 24 alumnos... Fuera de las grandes ciudades estamos por debajo de 20 en muchas unidades".
La caída de los nacimientos está afectando más a los centros públicos - donde los alumnos matriculados en la etapa de tres a seis años han caído un 15% entre 2011 y 2021 - pero también a la concertada donde el descenso en esa etapa es del 12%. Centeno señala que han notado una caída en las matriculaciones en todas las comunidades autónomas aunque tiene más intensidad "en las del norte: Asturias, Cantabria, País Vasco...Hay comunidades como Madrid donde se nota un poco menos pero desde hace tres o cuatro años el descenso está siendo acusado".
Centeno reconoce su preocupación. Para estas escuelas, que escolarizan a uno de cada cuatro alumnos en España, menos alumnos supone también menos ingresos de las familias a las que cobran una aportación, la ley sólo lo permite si es voluntaria y por servicios extra, que es clave para su supervivencia: "Ahora mismo no estamos peor que otros sectores, que la pública o la privada sin concierto, pero por nuestra estructura de funcionamiento necesitamos un mínimo de alumnos para que la escuela pueda funcionar. La enseñanza pública tiene un sistema de funcionamiento económico que cubre todos los gastos, pero en nuestro caso tenemos asignada una cantidad por aula que es manifiestamente insuficiente. Excluidos los gastos de personal, hay una cuantía en la ley de presupuestos que cubre un 50% de los gastos reales. La otra mitad se sufraga gracias a las actividades extraescolares, el comedor, la venta de libros y de uniformes, las aportaciones de las familias…Si reduces los alumnos un 20 - 25%, los ingresos se reducen en esa misma proporción y si ya tienes un déficit estructural entras en un terreno muy peligroso". Esta es también la razón por la que los centros concertados consideran que la reducción del número de alumnos por clase que empiezan aplicar las comunidades para tratar de reorganizar su oferta educativa debe tener un límite: "Nos estarían condenando a una muerte lenta, casi por inanición".
NUEVA FINANCIACIÓN
La infrafinanciación de la concertada es uno de los temas del sistema educativo español que lleva pendiente décadas. El precio del módulo, lo que paga la administración a los centros por aula, se fijó en 1985 y, según explica Centeno, en tres décadas no se ha subido ni el IPC: "Sólo por eso hay una pérdida del poder adquisitivo de en torno a un 30%". Además, destaca que en todos estos años se han incrementado las obligaciones que deben asumir los centros: desde la accesibilidad para los alumnos con discapacidad a la protección de datos o la conectividad que no estaban contempladas en los años ochenta. "No hay incremento para estas obligaciones y necesidades que tiene la escuela. La situación está llegando a un límite de sostenibilidad". No hay que confundir la infrafinanciación de la concertada, el dinero que estas escuelas reciben por la escolarización, con el gasto en conciertos que ha marcado cifras récord en los últimos años por la expansión de este tipo de escuelas, especialmente en algunas comunidades autónomas como Madrid o Murcia impulsadas por Gobierno del Partido Popular.
La caída de la natalidad amenaza ahora con tensionar la convivencia de las dos redes educativas, la pública y la concertada, y provocar una pelea por los recursos:" En una coyuntura en la que cada vez hay menos niños, menos nacimientos, digamos que se puede recrudecer esa rivalidad insana de la lucha por el alumno", dice Centeno que señala que el sector ve en la nueva ley de educación, contra la que organizaron protestas a través de la plataforma Más Plurales, una amenaza a su propia existencia: "La LOMLOE coloca la enseñanza concertada como subsidiara de la pública. La filosofía de la ley impulsada por Podemos y aceptada por el PSOE es que primero había que llenar la enseñanza pública y después se pasaría a los centros concertados. La enseñanza concertada, hoy por hoy, escolariza al 25% de los alumnos así que si hablamos de una caída de la natalidad del 20-22% el puzle encaja. Para determinados partidos políticos que la concertada desaparezca puede ser una solución para el futuro de la enseñanza pública".
En este contexto Centeno cree que es el momento de abordar la financiación adecuada de la concertada empezando por un estudio que cuantifique el coste real de la escolarización, algo que nunca se ha hecho en España: "Nosotros lo que pedimos es cumplir una previsión que está contemplada en la ley desde el año 2006. Es un secreto a voces que el módulo es insuficiente, pero nadie se atreve a coger el toro por los cuernos".
UN ESTUDIO SOBRE EL COSTE REAL
El secretario general adjunto de escuelas católicas asegura que la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, está dispuesta a abordar el tema: "La ministra actual nos dice que ella estaría dispuesta, pero hay que contar también con la coyuntura económica. Nosotros nos conformaríamos con que se hiciera ese estudio sobre el coste real y se pudiera publicar con transparencia plena un informe oficial coordinado por el ministerio de Educación y Formación Profesional. Con eso daríamos un paso de gigante porque a partir de ahí de lo que trataríamos es de cómo podemos llegar a que el módulo se aproxime al coste real. Somos conscientes de que la coyuntura no es buena, nunca lo es para este tema, pero si hay un estudio, hay un informe, avalado, oficial y hay una voluntad de que un plazo de cinco, diez años, llegáramos a esa financiación, veríamos el futuro de otra manera. Ahora lo vemos bastante negro". Lo que tampoco ve es que un incremento de la financiación pública tenga que suponer renunciar a las aportaciones que cobran a las familias con la excusa de que están mal financiados: "Si la condición para mejora el módulo es que sean voluntarias y se acredite la voluntariedad, incluso con un protocolo específico, por supuesto. Pero si la condición es que no recibamos ayudas de las familias... ahí tendríamos que ver si eso legalmente se puede establecer. Estamos dispuestos a abrir ese debate, no tenemos ningún miedo, y a encontrar una solución para que dejemos de discutir y solucionemos los problemas reales".
El ministerio de Educación tiene previsto convocar la mesa de la concertada en las próximas semanas. Una reunión, sin orden del día cerrado, para fijar un calendario de trabajo y retomar el contacto. Será el primer encuentro formal de la ministra Pilar Alegría con todo el sector con el que hasta ahora ha mantenido reuniones individuales.
