Zaragoza

"Imagínese por un segundo una mujer víctima de violencia que vive en Salvatierra de Escá, partido judicial de Ejea de los Caballeros. Son dos horas y cuarto lo que tiene esa víctima". Es el ejemplo que pone la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, Mª Ángeles Julvez para explicar, porqué el ejecutivo rechaza la propuesta del ministerio. Por carta personal y mediante un informe han mostrado su oposición a esta medida.

Según Julvez los motivos son claros; la dispersión territorial y la gran distancia que separa a algunas localidades de la capital. La directora general entiende que no solo es Salvatierra también otros núcleos de población porque "Ejea llega desde el río Ebro hasta el límite con la frontera de Francia. Sigües, Murillo de Gállego, Santa Eulalia son municipios que pertenecen al partido judicial de Ejea".

No es el único argumento, hay uno más y es la apuesta de concentrar los servicios en las comarcas y por tanto, señala, "para que nos sirve trabajar en el ámbito comarcal si luego a esas víctimas nos las desplazan".

Enormes distancias

Las distancias entre alguno de los municipios de los tres partidos judiciales y la ciudad de Zaragoza es muy grande. Salvatierra de Escá está a 173 kilómetros, Mianos a 171 kilómetros y Tarazona a 86 . Esto, ¿puede suponer que las mujeres maltratadas del medio rural dejen de denunciar? La abogada Amaya Betoré lo tiene claro, "el tener la inmediatez de donde acudir, el que te recoja la denuncia la Guardia Civil, el tener a unas asistentes sociales que te apoyen, que te faciliten los recursos...yo creo que sí va a echar para atrás". NO debemos poner dificultades a la víctima, concluye.

Aunque Zaragoza cuenta con un tercer juzgado exclusivo para violencia de género, la directora general de Justicia, cree que complica más la difícil situación que vive una mujer que denuncia malos tratos en el medio rural. Además, según Julvez tampoco la carga que suponen estos casos en los juzgados de estas localidades es alto, trasladar las denuncias a Zaragoza tampoco libera de forma importante a estas localidades

Pacto de Estado

Preocupa este asunto en el Gobierno de Aragón donde esperan que el ministerio de Justicia recapacite y atienda sus argumentos. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez cree que esta decisión va en contra del pacto de estado contra la violencia de género por dos motivos: ese pacto "dice expresamente promover recursos de apoyo en el ámbito local para evitar una victimización secundaria y en segundo lugar mantener la ampliación de las jurisdicciones de los juzgados de violencia de mujer, en dos o más partidos judiciales si repercuten en una mejora cualitativa del servicio y de la atención".