La ley foral de protección a la Infancia y a la Familia, "un hito importante en la atención a la población infantil de Navarra"

Pamplona

Ley foral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, recientemente aprobada en el Parlamento de Navarra, y que supone "un hito importante en la atención a la población infantil de Navarra", apunta en La SER, la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu. Una norma con la que se pretende reforzar el marco jurídico incidiendo en la prevención y promoción de los derechos e intereses de los menores, también de los sujetos al sistema de justicia juvenil.

En concreto, la ley impulsada por el Gobierno de Navarra persigue garantizar el desarrollo integral de cualquier menor de edad que tenga su domicilio en Navarra o se encuentre transitoriamente en territorio de la Comunidad foral, tomando como referencia las obligaciones recogidas en la Convención de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

Así, se propugna el apoyo a los menores y sus familias para, priorizando la "prevención, la atención temprana y la detección precoz", sentar las bases de una buena infancia y de la integración social. Con ese propósito, se desarrolla la figura de las organizaciones comunitarias de infancia y adolescencia, a las que se prevé dotar de recursos para atender las necesidades en su entorno, un espacio de "corresponsabilidad" ideal para la promoción de proyectos e iniciativas ancladas en "escenarios arraigados y conectados con el tejido" de cada lugar.

Se establecen normas específicas para evitar discriminaciones y promover la igualdad, tanto en el ámbito socioeconómico, como de índole intercultural, de género y discapacidad, en este caso conforme a la Convención de Nueva York.

A propósito de la participación, se toma en consideración a las entidades del tercer sector y se proyecta la puesta en marcha de nuevas comisiones que, como las de Atención Temprana o Acogimientos, se unen a otras que ya venían funcionando, caso de la de Apoyo a la Red de Atención Centrada en la Persona. A su vez, se sustituye el Consejo del Menor por el de la Infancia y Adolescencia, donde se prevé también la presencia de menores.

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Por otro lado, se elimina el procedimiento específico para autorizar o acreditar a entidades que opten a la prestación de servicios de protección por contrato o concierto social, a fin de evitar duplicidades y dilaciones.

En la esfera jurídica, se distinguen las situaciones de riesgo y desamparo en función de la menor o mayor gravedad de la situación y de que sea o no necesaria la separación del núcleo familiar. Además, se detalla el procedimiento para la declaración del desamparo, así como los supuestos en que podrá aplicarse uno abreviado o actuar de forma inmediata. Y entre las novedades del régimen de guardas, se añade expresamente la guarda voluntaria -a solicitud de padres o tutores, por causas graves y transitorias debidamente acreditadas-, y se contempla la reincorporación gradual a la familia de origen. A su vez, se regula específicamente el acogimiento (residenciales o familiares), cuya gestión incluye un Plan Individualizado de Protección.

En materia de adopciones, se promueve la adopción de adolescentes del sistema de protección y la incorporación de menores en adopción a la Atención Temprana. También se ordenan los supuestos de la adopción privada que no estaban recogidos en el Fuero Nuevo y se da cauce a nuevas figuras como la adopción abierta y la delegación de guarda con fines de adopción.

"Cumplimos uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno. Es una ley que amplía los derechos de los más de 120.000 menores que viven en Navarra y sus familias tras más de 15 años en vigor de la norma anterior, que supuso también un importante paso adelante", ha destacado Maeztu.