Juicio a la exalcaldesa de Campillo de Arenas por ordenar, supuestamente, que se le entregara a ella la recaudación de la tasa del mercadillo
El Ministerio Fiscal acusa de dos presuntos delitos continuados, uno de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, así como un tercer delito de falsedad
La puerta de una de las salas de juicios en la Audiencia Provincial de Jaén. / europa press
Jaén
Acusada de prevaricación y malversación de caudales públicos la exalcaldesa de Campillo de Arenas. La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este jueves a Lourdes Chica, a la que el Ministerio Fiscal acusa de dos presuntos delitos continuados y uno tercero de falsedad.
El Ministerio Público recoge en su escrito de calificación que la que fuera alcaldesa de la localidad entre 2011 y 2015, "movida por un ánimo de beneficio ilícito y al margen del procedimiento legalmente establecido" ordenó que se le entregara a ella personalmente la recaudación semanal de la tasa del mercadillo, tal y como afirma la agencia de noticias Europa Press. También añade que "dispuso de la totalidad de la recaudación, incorporando parte a su propio patrimonio y usándolos para fines ajenos al municipio" y subraya que "tales disposiciones del efectivo recaudado se hacían sin control de la intervención municipal o del secretario del Ayuntamiento".
Los peritos judiciales han comprobado que en 2013, de los 2.986,74 recaudados por la tasa de mercadillo, sólo hay justificado conforme a las normas tributarias una factura de cerca de 60 euros. Faltan 744,5 euros y el resto del dinero aparece como gastado pero justificado con simples tiques o anotaciones que "no se ajustan a las exigencias legales derivadas de la legislación tributaria".
En el año 2014 se recaudó con la tasa de mercadillo 3.560,70 euros, de los que solo aparecen debidamente justificados 170 euros.
En 2015 se recaudaron por la tasa 1.029 euros que también se gastaron pero que se justificaron con soporte documental "no conforme a normas tributarias".
El Ministerio Público reclama para la exalcaldesa que se le impongan dos años de cárcel por el delito continuado de malversación de caudales públicos y otros cuatro años de prisión por el delito de falsedad. Además, por el delito continuado de prevaricación, Fiscalía pide 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito municipal y para ejercicio del derecho de sufrago pasivo por el mismo periodo de tiempo. También pide que se le condene al pago de multas por un montante global de 1.800 euros.
En lo que respecta a la responsabilidad civil, Fiscalía señala que deberá ser el Tribunal de Cuentas el encargado de "derimir y reclamar" la cantidad en la que se haya podido ver afectado el Ayuntamiento de Campillo de Arenas, que está personado en la causa.
