Todos los implicados en el 'Caso Acinipo' se declaran inocentes en el primer día de juicio oral

Ronda

Este lunes ha comenzado en la audiencia Provincial de Málaga el juicio oral por el denominado Caso Acinipo donde se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Ronda.

La primera sesión de hoy, y al igual que ocurrirá con el resto, ha comenzado a las 10.00 horas. El resto de comparecencias se producirán hasta el próximo jueves, esta semana y posteriormente del 11 al 15 de julio y del 18 al 22.

A lo largo de estos días van a prestar declaración las seis personas que, a día de hoy, continúan encausados en calidad de “investigados”, antiguamente “imputados”.

De los seis investigados hay un constructor, dos funcionarios municipales, dos ex concejales, Francisco Cañestro y Rafael Lara, y una política en activo, Josefa Valle, que pertenece al grupo no adscrito y que hasta el mes de enero ejerció como portavoz municipal de Alianza Por Ronda (APR).

Todos se han declarado inocentes en su declaración de este lunes en el desarrollo del juicio que se desarrolla en la Sección número 8 de la Audiencia Provincial de Málaga.

La causa judicial, cuya instrucción finalizó en 2018, investiga presuntas irregularidades en la implantación de un centro comercial de la firma Eroski, con la intermediación de la empresa rondeña ‘Grupo Ruiz Jurado’, una permuta y adjudicaciones de obra a este grupo para construir un recinto ferial.

El caso se abrió en abril de 2010 y un año y medio más tarde se produjeron las detenciones de hasta siete personas. A medida que ha ido avanzando la investigación el caso, que los instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, se ha ido desinflando con la absolución de algunos de los nueve implicados inicialmente en el encausamiento.

Para los todavía imputados la Fiscalía pide diferentes penas condenatorias. Para el ex secretario local del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro, solicita nueve meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público, entre otros; Para Rafael Lara, entonces concejal del Ayuntamiento de Ronda un año de prisión y multa de 45.000 euros, entre otras y para Josefa Valle lo mismo además de seis años de inhabilitación.

El exalcalde Antonio Marín Lara estaba también acusado pero falleció en 2019. También ha fallecido el principal empresario acusado en esta causa.

Al principio de la sesión de este lunes, el presidente del Tribunal ha preguntado a los acusados uno por uno cómo se declaraban y todos han contestado que inocentes. Se acusa por delitos de prevaricación, falsedad y cohecho, según el caso, en relación con operaciones urbanísticas.

En la sesión de este lunes, las defensas han presentado sus alegaciones en el trámite de cuestiones previas, planteando la prescripción de los delitos, nulidad por acusación sorpresiva y también han adelantado que en caso de condena pedirán que se aplique la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas.

El fiscal y la acusación popular, en representación de IU, se han opuesto a estas alegaciones, tras lo que el Tribunal ha acordado desestimar "en principio" todas las cuestiones previas, aunque ha precisado que podrán producirse variaciones al respecto según el desarrollo del juicio, que está fijado inicialmente hasta el día 22 de este mes.

La causa se centra en el proceso para la construcción de una gran superficie comercial a Ronda y los trámites realizados al respecto, como la enajenación presuntamente "irregular" del antiguo recinto ferial, las sucesivas adjudicaciones también supuestamente irregulares de obra pública a una empresa, así como un préstamo de dicha sociedad.

En cuanto a la enajenación "irregular" del antiguo ferial, Anticorrupción explica que un empresario local, ya fallecido, acordó en 1998 con los responsables de un grupo empresarial implantar un centro comercial y logró posteriormente el apoyo del Ayuntamiento al "aprovechar la fluida relación que mantenía con Marín Lara" --también fallecido-- que en septiembre de 2004 había accedido a la Alcaldía tras una moción de censura.

Según el fiscal, el entonces alcalde, alegando que Ronda "necesitaba un gran centro comercial que generaría puestos de trabajo e impulsaría la economía local", tomó desde 2005 decisiones urbanísticas "arbitrarias" en favor del interés privado, "lejos de respetar los procedimientos legales y cumplir con su deber de defender la integridad del patrimonio municipal".

"Para salvar obstáculos jurídicos y solapar sus auténticos objetivos", dice el ministerio fiscal, el entonces alcalde contó "al menos con la colaboración" de los entonces secretarios y arquitecto municipales, "urdiéndose un sencillo plan" que consistía en tramitar dos expedientes separados, uno de permuta y otro de planeamiento urbanístico, "como si se tratara de actuaciones promovidas por dos empresas independientes".

La Fiscalía se refiere también a supuestas "irregularidades" del expediente de modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y al préstamo de 45.000 euros a exediles acusados por parte de la empresa del constructor local, que logró supuestamente retrasar un pago al Ayuntamiento, así como a la adjudicación por parte del exalcalde del asfaltado de varias calles "de forma directa y arbitraria a un amigo", que está acusado, con un importe que "doblaba la cuantía máxima de la contratación menor".