Condenan a 18 años de cárcel acusado del asesinato de la Chica Carlota

Córdoba

Las penas de cárcel para Pedro Gómez, el acusado del crimen de la Chica Carlota se elevan hasta los 28 años de prisión. Pero por el asesinato de Juan Carlos Rodríguez, su verdugo, el falso cura Pedro Gómez, solo cumplirá 18 años de cárcel por ese delito.

El resto de penas con las que el condenado suma hasta 28 años de prisión, se añaden por los otros delitos que cometió con la víctima: cinco años por el delito de robo con violencia, con la agravante de reincidencia; tres años por el delito continuado de estafa mediante el uso de tarjetas de crédito; y dos años de cárcel por otro delito continuado de estafa en la prestación de servicios profesionales.

Al otro acusado, al que la familia consideraba autor intelectual de los hechos, el abogado de Madrid que puso en contacto a la víctima con su agresor, a sabiendas de sus antecedentes, la sentencia solo lo condena a dos años de prisión por el delito continuado de estafa en la prestación de servicios profesionales.

El fallo desestima la especial vulnerabilidad de la víctima debido a su enfermedad mental, tal y como pedían las acusaciones particulares cuando propusieron prisión permanente revisable, al estimar el magistrado, que durante el juicio quedó acreditado que su enfermedad mental no le restaba capacidad para percibir el peligro, defenderse o desenvolverse de forma independiente.

El fallo condena tanto al asesino como al abogado a indemnizar a la familia de la víctima por un valor de 9.600 euros. Una cantidad a la que se tendrán que sumar los 160.000 euros que el asesino tendrá que abonar en total a los ocho hermanos de la víctima.

A Pedro Gómez el juez le condena además a pagar a la familia de la víctima el coste del entierro, 1.500 euros y los más de 46.000 euros de los que sea apoderó mediante estafa, declarando al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. como responsable civil subsidiario en el caso de que el condenado se declare insolvente.

Los condenados también asumirán la parte de las costas del procedimiento judicial incluidas las causadas por la acusación particular.