Dos funcionarios de la prisión de Jaén acusados de delito de cohecho
Se les acusa de una supuesta venta de permisos de salida a internos, además de introducir en la cárcel sustancias estupefacientes, alcohol e incluso teléfonos móviles
Puerta de Acceso a la cárcel de Jaén / EUROPA PRESS
Jaén
El Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén tramita un procedimiento de tribunal del jurado contra dos funcionarios de la prisión de Jaén, investigados inicialmente como presuntos autores de un delito de cohecho. En concreto, se les acusa de una supuesta venta de permisos de salida a internos, además de introducir en la cárcel sustancias estupefacientes, alcohol e incluso teléfonos móviles.
Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que la investigación se llevó a cabo hace algo más de un año como consecuencia de las denuncias de varios internos de la prisión de Jaén. Ha sido la Comandancia de la Guardia Civil la encargada de investigar estos hechos que han correspondido al Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.
De los dos acusados, uno de ellos era educador de la prisión de Jaén. En lo que respecta a esta persona, el Ministerio Fiscal no ha formulado acusación por considerar que no hay pruebas que le incriminen en el delito de cohecho. Era el educador el que participaba en las reuniones previas a las de la junta de tratamiento del centro penitenciario y en las que, entre otras cuestiones, se proponían los nombres de los internos de cara a la concesión de permisos de salidas.
A partir de aquí, el mecanismo se ponía en marcha y era el otro funcionario y principal investigado el que sabiendo a través del educador los nombres propuestos, se acercaba supuestamente a esos reclusos para ofrecerles su mediación y así conseguirles permisos con salidas, previo pago correspondiente.
Lo normal era que la junta de tratamiento de la prisión ratificara las propuestas de los permisos. De hecho, los internos habrían pagado por permisos que ya estaba acordados de antemano, aunque este extremo lo desconocían y era de lo que supuestamente se aprovechaba el principal investigado.
No obstante, había ocasiones en que la junta de tratamiento acordaba no conceder algunos de los permisos propuestos. Era entonces cuando supuestamente para compensar al interno del pago realizado y que normalmente desembolsaban las familias, el funcionario accedía supuestamente a introducir en la cárcel sustancias estupefacientes, alcohol y hasta teléfonos móviles. La otra pata del negocio, según se desprende de la investigación de la Guardia Civil era facilitar pases vis a vis entre internos de la prisión.
Tras las denuncias de los propios internos, la Guardia Civil abrió una investigación en la que se hicieron hasta seguimientos con baliza a uno de los dos investigados. De esta forma, grabaron al funcionario en encuentros con familiares de internos y hasta presuntamente introduciendo objetos y sustancias prohibidas en el centro penitenciario.
El juzgado de Instrucción número 2, una vez finalizada la investigación, ya ha emitido la resolución que acuerda la incoación del procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado puesto que a los dos funcionarios se les acusa inicialmente como presuntos autores de un delito de cohecho, un delito que en el caso de ser cometido por funcionarios o cargos públicos debe enjuiciarse por un tribunal con jurado.
Los dos funcionarios investigados ya han comparecido el pasado 30 de junio en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén. El objetivo de la comparecencia, a la que también asistió el Ministerio Fiscal, fue concretar la imputación. Una vez escuchadas a todas las partes, será el juez de Instrucción el que decidirá la continuación del procedimiento, o el sobreseimiento, si hubiera causa para ello. Si se acuerda la continuación del procedimiento, el siguiente paso será decidir la apertura de juicio oral e instar a las partes a que formulen el escrito de conclusiones provisionales.
Además, en el caso de seguir adelante el procedimiento, el juez también deberá determinar si se mantiene la acusación sobre el educador o abandona la condición de investigado, tal y como ha pedido el Ministerio Fiscal. En la actualidad, ni el educador ni el funcionario prestan sus servicios en la prisión de Jaén.
