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Escucha de nuevo el Encuentro SER: Compliance y RSC, ¿nuevas obligaciones para la empresa?

Encuentros SER: El Compliance y la RSC, ¿nuevas obligaciones para la empresa?

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Córdoba

Durante la última edición de Encuentros SER, organizados por Radio Córdoba en colaboración con SADECO, se abordó la importancia de los manuales de buenas prácticas, el Compliance y las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para las empresas e instituciones en un contexto cambiante en el que este tipo de políticas se han convertido en una imposición para acceder a fondos europeos. Un programa especial que se concretó en aquellas iniciativas relacionadas con el respeto medioambiental o la generación de energías limpias.

La apertura del acto corrió a cargo de Miguel Aguilar, jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, quien puso de relieve que "los protocolos de control que existen administración pública pueden ser inspiración para las sociedades privadas a la hora de implementar sus políticas de Compliance". Así, incidió en las "revisiones que cualquier procedimiento requiere por parte de Intervención o Asesoría Jurídica, órganos independientes integrados por funcionarios".

Encuentros SER Sadeco / Antonio Luna

"Un paso ya avanzado que no desmerece el que ha dado el consistorio cordobés a la hora de incluir al equipo de Asesoría Jurídica como letrados asesores de los consejos de administración de las empresas públicas y la revisión de contratos", matizó explicando que "se incluye así un elemento más de fiscalización on spot". Eso sí, admite la necesidad de incluir, dentro de la administración, "mayores filtros de control preventivos y un análisis de riesgos más amplio".

Aguilar avanzó además que las empresas municipales se encuentran en un proceso de "renovación estatutaria que estamos revisando, aunque es algo a largo plazo". Y es que la sociedad pública —unipersonal— intentó "tomar fórmulas de las de capital privado respecto a los organigramas y eso hay que reformularlo porque nosotros tenemos un solo socio (el Ayuntamiento) pero con dos órganos que deciden su voluntad: el Pleno y la Junta de Gobierno Local". En esos nuevos estatutos, prometió el jefe de Asesoría Jurídica, "deberá incluirse el Compliance como faro de guía".

Este anglicismo no cuenta con una definición cerrada, pero la presidenta ejecutiva de la Asociación Española de Compliance, Sylvia Enseñat, se refiere a él como "un análisis de riesgos de todo tipo, la aplicación de medidas que corrijan debilidades y deficiencias y la capacidad de asumir buenas prácticas empresariales que no vienen dadas como un imperativo legal y que previenen perjuicios para terceros".

Encuentros SER Sadeco / Antonio Luna

En España aterrizaría de lleno gracias a la reforma del Código Penal acontecida en el año 2015, cuando se consolidó la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, aclaró Enseñat, "las empresas son responsables penalmente de sus malas prácticas; y aquí las penas impuestas pueden llevar incluso a la disolución de las sociedades". Por ello, precisó, "el Compliance evita sanciones, multas, pérdidas de prestigio y riesgos reputacionales y para los empleados".

Y es que debe calar 'de arriba a abajo' en las organizaciones, apuntó Almudena Alonso, directora senior de Stakeholders Management en la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) y especializada en planes integrales de reputación. La capilaridad debe ser total y "se deben realizar acciones formativas y comunicativas internas para que todos los empleados se comprometan con unos valores que haya escogido la empresa, porque hay que escoger". La especialista en Comunicación Corporativa incidió especialmente en la importancia de "desarrollar estrategias completas de ASG (Cuestiones Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), así como de revisar, medir y analizar aquello que funciona y lo que no".

Algo "de importancia vital para las grandes empresas y de valoración creciente entre las medianas", apuntó Alonso. De hecho, Antonio Fernández, delegado de Iberdrola en Andalucía, constató que "ha ganado tanto valor casi como la parte financiera, en nuestro caso, con más de 1.000 personas volcando datos sobre buen gobierno y con buenos resultados, ya que a nivel interno procesamos en 2021 más de 500 denuncias de empleados que, en varios casos, han terminado en expedientes disciplinarios".

Encuentros SER Sadeco / Antonio Luna

"Es un cambio de mentalidad en España", añadía Sylvia Enseñat, "donde muchas veces hemos pretendido que nos den la norma hecha para aplicarla, mientras que cuando hablamos de Compliance nos referimos a imposiciones que tú mismo te haces para conseguir un mundo mejor".

Sin embargo, la Unión Europea ha apretado un poco las tuercas. Carmen Gutiérrez Labrador, del despacho cordobés PWACS Gutiérrez Labrador Abogados, explicó cómo el acceso a Fondos Next Generation para administraciones públicas se ha visto condicionado a la elaboración de planes antifraude. Es, aterrizó la letrada, "el Compliance de la empresa pública, porque te obligan a documentar absolutamente todo, justificar cada decisión y guardar todo el proyecto que vayas a financiar con fondos europeos durante cuatro años, a riesgo de que un incumplimiento de ese plan suponga que tengas que devolver el dinero".

Se trata de un reto también para las empresas de Economía Social, un modelo económico que toma como base el aprovechamiento de recursos, la inclusión o la fijación de población al territorio. "Es poner a la persona en el centro de la cadena y del proyecto, sin que eso signifique renunciar a la obtención de beneficio", concretó en estas jornadas Luis Miguel Jurado, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Economía Social (CEPES) y presidente de la Federación Andaluza de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

Pese a que pueda existir cierto prejuicio, ahondó el ponente, "solo el 7 % de las empresas de Economía Social en España tienen menos de 9 empleados; y el 38 % dan trabajo a unas 250 personas". El conjunto lo integran más de 43.000 organizaciones que emplean a más de dos millones de personas y con una facturación anual aproximada de 155.000.000.000 euros, según datos de CEPES.

No existe un organismo certificador que coloque una placa de 'Empresa de Economía Social', pero sí unos principios básicos y valores que están asociados al concepto y que se enmarcan en una Ley específica con la que, explicó Jurado, "España fue pionera en Europa y ahora el resto del continente 'admira' de cara a dar uniformidad a nivel comunitario". "Esto es fundamental y hay conversaciones abiertas dentro de la UE para que los criterios sobre qué es Economía Social y qué no lo es sean iguales en Alemania, Francia, Italia o España; porque se trata de un modelo en expansión", dijo el representante de la confederación.

"Hablamos de productos agroalimentarios, consultoras, supermercados o servicios turísticos" que provienen de cooperativas sin que el cliente final tenga conocimiento de ello, ha referido Jurado citando como ejemplos COVAP, Eroski o Cosum. Las marcas quieren ponerse en valor y para ello van a intentar servirse de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como del PERTE de Economía Social, dotado con 800 millones de euros para inversiones que requieren cofinanciación. Para ello, CEPES ha trazado una estrategia "que entrelace aún más nuestros cimientos con ideas de digitalización, combatir la despoblación o la transición ecológica".

Encuentros SER Sadeco / Antonio Luna

Con la cooperativa como principal estandarte, Luis Miguel Jurado reconoce que "tenemos tan integrados en nuestros valores el compromiso con la comunidad que no estamos poniendo esfuerzos y recursos en comunicar lo que hacemos bien". De esta forma, destaca la Comunicación y las Relaciones Públicas como reto fundamental para las empresas de Economía Social, "más ahora que el consumidor incide en el mercado y valora las buenas prácticas a la hora de adquirir un bien o servicio". Por ello, concluyó "tenemos que aprender a vender nuestras bondades y las de nuestro producto".

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