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La asociación Memorialista y Podemos creen que la retirada de Queipo de Llano de la Macarena llega "45 años tarde"

El dirigente de Podemos Juan Antonio Delgado ha lamentado la falta de valentía del gobierno de la Junta, tanto del PSOE como del PP, porque la normativa autonómica abría esa posibilidad

La presidenta de la Asociación de Memoria Histórica Comisión por el Derecho a las Exhumaciones, María Luisa Hernández, valora la salida de los restos de Queipo de la Basílica de la Macarena ordenados por el gobierno para cumplir con la ley de Memoria Democrática , aunque cree que el gesto se debería haber promovido en 1977 con motivo de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista.

Hernández, nieta de un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla fusilado por las tropas golpistas, advierte que la salida de la tumba del "general golpista y genocida llega 45 años tarde", si bien esta medida, que incluye además de la exhumación de los restos del auditor de guerra Francisco Bohórquez, también el templo, contribuye a que la democracia española sea "más saludable".

También Podemos considera que esta exhumación llega tarde. El dirigente de la formación morada y portavoz parlamentario de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha lamentado este lunes que la salida de Quipo de la Macarena llegue 44 años tarde. "Hay una legislación autonómica que daba la posibilidad de haberlo hecho algunos años antes y por falta de valentía política del PP y especialmente del PSOE, que gobernaba en ese momento, no se hizo".

Desde el gobierno de la Junta consideran, sin embargo, que el gobierno autonómico no tiene competencias en esta materia. El portavoz del ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco, se ha limitado a decir que son "partidarios de que se cumpla la ley".

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha apostado por "poner punto y final" a la presencia del general golpista en la basílica y se ha mostrado convencido de que la Hermandad de la Macarena "va a cumplir la ley" de Memoria Democrática cuya reciente reforma obliga a retirar la tumba del templo dado el papel del militar en la represión y los fusilamientos perpetrados bajo su mando, tras el golpe de estado de 1936.

 
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