Heineken, otra pieza de los ERE que se desmonta por los plazos de instrucción
La Audiencia de Sevilla dice que se ve obligada a cambiar de criterio por la sentencias del Supremo y que tiene "vocación de generalidad"
Cadena Ser
Sevilla
Otra vez lo que se llama la vulneración de los plazos de instrucción, los fallos en las prórrogas de los plazos establecidos para investigar, hace que la Audiencia de Sevilla ordene terminar una causa sin que se haya podido llegar al final. En este caso se trata de las ayudas de los ERE a la empresa Heineken, que recibió 16.5 millones de euros de la Junta para prejubilar a 223 trabajadores. 16 millones aunque la compañía el año anterior había tenido unos beneficios de 20 millones.
Fue en 2006 cuando Heineken comenzó a producir cerveza en la factoría que levantó en Torreblanca, en Sevilla, después de hacerse con Cruzcampo. La Audiencia establece que todo lo investigado después del 6 de octubre de 2017 no tiene validez, así que estamos ante otra instrucción que se desmorona en base a la ley de plazos que aprobó el Pp y que han mantenido el PSOE y Podemos.
La Sección Séptima de la Audiencia, en un auto, explica que las últimas sentencias del Tribunal Supremo al respecto de los plazos "obliga a un cambio de criterio en la materia con vocación de generalidad". De hecho la Sala está pidiendo testimonio al juzgado de instrucción número 6 sobre otras resoluciones de prórrogas en distintas piezas, quizá temiendo o sospechando que pueda repetirse la situación.
El auto de la Audiencia responde a un recurso de dos investigados Carlos de Jaureguizar Serrano, expresidente de Heineken y José Luis Romero Castaño, exjefe de recursos humanos.
Además de los 16,5 millones de euros, Heineken recibió "un incentivo directo a fondo perdido de más de seis millones. Según el atestado de la Guardia Civil, cuatro días después de la firma del protocolo entre el consejero de Empleo y Heineken, un hijo del delegado de Empleo en Sevilla fue contratado como trabajador en la factoría.
La Audiencia en aplicación de los plazos de instrucción fijados para las causas penales cerró la pieza de Santa Motor y la del Grupo Joly.
