Las universidades andaluzas ante el reto de abonar los costes laborales de los contratos de investigadores

Córdoba

Investigadores postdoctorales y sindicatos han manifestado públicamente su "indignación por las condiciones ofertadas por la Universidad de Córdoba (UCO)" en la convocatoria de los contratos María Zambrano y Margarita Salas. Se trata de dos programas que se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financian con fondos europeos. Una "ayuda a la recualificación del sistema universitario español a través de la promoción de la formación de sus jóvenes doctores, del fomento de la movilidad de su personal contratado, y de la atracción del talento internacional", según el Ministerio de Universidades, que transfiere esos fondos a las distintas instituciones de Educación Superior a fin de que los gestionen de acuerdo con sus prioridades, aunque estableciendo unos mínimos.

La previsión es transferir un total de 361,56 millones de euros a las universidades públicas españolas entre 2021-2023, según el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo es su reparto entre tres programas: las ayudas 'Margarita Salas para la Formación de Jóvenes Doctores', las convocatorias para recualificación del profesorado funcionario o contratado y las ayudas 'María Zambrano para la Atracción del Talento Internacional'. El fin: dotar a las facultades de capacidad financiera para recuperar activos perdidos por la llamada 'fuga de cerebros' y también para crear nuevos puestos de trabajo.

En el caso concreto de la UCO, se habrían 'reclamado' un total de 52 investigadores a través de los programas María Zambrano y Margarita Salas, según han concretado a Radio Córdoba fuentes sindicales.

Sin embargo, las convocatorias de empleo han llegado con una "desagradable sorpresa" para algunos investigadores, como el Doctor en Biotecnología Vegetal, Félix Martínez. Concurrió a un contrato Margarita Salas ofertado por la UCO que estaba dotado con una ayuda de 2.800 euros mensuales —3.500 en caso de solicitar una estancia en el extranjero—. Sin embargo, en esa cuantía, según la convocatoria consultada por Radio Córdoba - Cadena SER se "incluye el salario bruto, la parte proporcional de las pagas extraordinarias y la cuota empresarial de la Seguridad Social".

Es decir, de acuerdo con la convocatoria de la universidad cordobesa, se estaría descontando del salario del investigador la cuota patronal. "Estamos hablando de unos 600 euros mensuales", denuncia Martínez, "a lo que después debemos restar la declaración del IRPF, por lo que el sueldo neto de un postdoctoral quedaría en 1.700 euros como máximo". Esta cuantía, advierte el biotecnólogo, "dista mucho de la que se maneja en el resto de Europa y también de la que cobra un investigador de esa categoría en la propia Universidad de Córdoba".

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Martínez trabaja actualmente en Alemania, donde el salario de un investigador a su nivel puede situarse cercano a los 5.000 euros brutos mensuales. "No pido que se equipare porque hablamos de dos Economías muy diferentes", puntualiza, pero "confiaba en el contrato Margarita Salas para volver a España en unas condiciones dignas".

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha asegurado que "se está estudiando la casuística de estos contratos y la forma en que se han hecho las convocatorias de empleo". Admite que "hay cosas en la convocatoria que no parecen muy lógicas, aunque la interpretación que se hizo —durante el mandato rectoral anterior— parece que era un 'todo incluido' dentro de esos 2.800 euros". En este sentido, Torralbo se ha comprometido a "analizar la cuestión y trasladarlo a nivel andaluz para comparar el modelo de la UCO con el de otras universidades andaluzas".

Según han concretado fuentes del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) a Radio Córdoba, la interpretación realizada por la universidad cordobesa se replicaría en el resto de instituciones de Educación Superior andaluzas. Preguntado por este asunto, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos —anterior rector de la UCO y presidente de la Conferencia de Rectores— ha asegurado "ser consciente de que las universidades andaluzas, dentro de su autonomía competencial, están interesadas en solucionar el problema".

Ninguna universidad andaluza ha asumido la cuota empresarial de los investigadores

—  CC.OO.

Villamandos ha "agradecido al Ministerio de Universidades la premura con que lanzó estas convocatorias en un momento muy duro de la pandemia", pero señala aludiendo a su etapa como dirigente universitario que "ese exceso de premura nos ha generado más dudas que certezas, lo cual ha desencadenado que algunas cosas no se pudieran hacer como queríamos". Sin embargo, no ha concretado si la administración autonómica prevé dotar de apoyo financiero a las universidades para compensar esos costes laborales o si existe un debate abierto en el seno de su consejería.

El modelo que proponen los investigadores afectados es el que han adoptado universidades como la de Salamanca, la Carlos III de Madrid o la Politécnica de Madrid (UPM). En las mismas, la parte contratante asume la cuota empresarial, permitiendo al investigador acceder íntegramente al salario bruto que le conceden los programas Margarita Salas y María Zambrano.

Es el caso de Helena Martín, que trabaja como investigadora postdoctoral en la UPM con un contrato Margarita Salas dentro del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Tras la declaración del IRPF, su salario neto mensual es de 2.100 euros mensuales, pero describe la "surrealista situación de tener compañeros en el mismo departamento que perciben 1.700 euros netos al mes, porque quizá están haciendo una estancia de investigación aquí pero han sido contratados por la Universidad de Sevilla".

Hay compañeros en mi categoría que cobran cuatrocientos euros menos al mes por estar contratados por la Universidad de Sevilla

—  Helena Martín, investigadora en la UPM

La diferencia es de cuatrocientos euros mensuales por labores similares, pero todo queda supeditado a que la universidad contratante haya decidido o no asumir los costes laborales del trabajador. Se trata de algo permitido dentro de los propios programas. Según el BOE que los rige, "las universidades beneficiarias podrán completar estas cuantías asumiendo costes asociados al instrumento de vinculación con la persona que obtenga la ayuda". Es decir, el programa planteado por el Gobierno posibilita a las universidades asumir los pagos a la Seguridad Social de los investigadores, pero ninguna de las entidades andaluzas lo ha contemplado. Eso sí, aclaran fuentes del ministerio, "en el real decreto que regula la concesión de estas ayudas no aparece en ningún momento recogida la obligatoriedad para las universidades de hacerlo".

Helena Martín lamenta que "el valor que se concede a la investigación en España sea tan bajo y que se siga funcionando por proyectos, lo cual es una contradicción en sí mismo al método científico". De hecho, el Margarita Salas del que se beneficia podrá 'estirarse' durante un máximo de dos años. Es la cuenta atrás que tiene para presentar conclusiones de su investigación, "la cual obliga a reducir a la mínima expresión tus experimentos para ajustarte al tiempo que tienes". Además, estos profesionales deben compaginar su trabajo en el laboratorio con la docente.

El investigador Félix Martínez asegura "no entender que las universidades puedan alegar problemas presupuestarios para hacer frente al pago de la cuota empresarial, cuando en el último ejercicio económico, la Universidad de Córdoba ha declarado un superávit de casi tres millones de euros; la de Málaga de 1,4 millones; o la de Sevilla de más de 600.000 euros".