Titulares de centros de Educación Infantil reclaman medidas que favorezcan el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo

Linares

El sector de las Escuelas Infantiles de titularidad privada no atraviesa por su mejor momento. A la bajada de la natalidad y el impacto de la pandemia, se une ahora el incremento de costes asociados a la prestación del servicio, como factor que pone en jaque el mantenimiento de la actividad en muchos de estos centros. Sus titulares han decidido unirse para trasladar demandas ante las administraciones, en la Plataforma TICEI03. Aunque su ámbito es regional, la provincia de Jaén tiene un peso específico dentro de este colectivo y, en concreto, desde Linares se cuenta ya con la adhesión de 7 de los 12 centros de educación infantil que operan en la ciudad.

En Hoy por Hoy, la portavoz de la plataforma, Josefina Latorre, ha expuesto la dificultad que plantea el hecho de que “desde hace 3 años no se haya actualizado el precio de las plazas concertadas con la administración andaluza, pese a la subida salvaje del IPC. Esto hace que el balance de la mayoría de los centros sea de los comido por lo servido”. En esa línea reclaman una revisión de los conciertos en lo relativo a los precios y a los plazos para efectuar el pago, pues “está en peligro la sostenibilidad de muchos centros y los puestos de trabajo que generan”.

Señala Latorre que actualmente son unas 2.000 las Escuelas Infantiles de titularidad privada en Andalucía y unos 20.000 empleos, en la mayoría de los casos femeninos y en autoempleo. Los titulares adheridos a esta plataforma, de reciente constitución, están trasladando su problemática a las administraciones, y en días pasados, hacía lo propio en reunión con el alcalde de Linares.

La portavoz de TICEI03 explica que sus reivindicaciones también se dirigen al Gobierno Central, con la intención de que puedan replantearse la partida de los fondos Next Generation destinados a la educación infantil, “limitado a la generación de nuevas plazas en centros de titularidad autonómica o municipal”. A juicio de Latorre, en una comunidad donde existen actualmente 23.000 vacantes, no se hace necesario ampliar esa cifra, por lo que plantean que esos fondos puedan destinarse a la gratuidad universal de las plazas ya existentes.