Cronología del Caso Infraestructuras que ha terminado con la detención de David Dorado

Córdoba

La detención del concejal David Dorado por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional este lunes en comisaría, junto a una decena de empresarios, es un punto de inflexión en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción Número 4 de Córdoba. El edil fue puesto en libertad con cargos y se le acusa de cohecho, malversación y pertenencia a grupo criminal, dentro de la causa en la que se investigan más de 40 expedientes de contratos de infraestructuras en 2020, bajo gestión entonces de Dorado.

Para contextualizar el caso hay que remontarse al 16 de abril de 2021, cuando la edil de Izquierda Unida, Amparo Pernichi (recientemente fallecida) denunció sospechas de fraccionamiento de contratos y falsedad documental en las obras de cambio de luminarias de la avenida de Libia.

La denuncia de IU y Podemos llegaría el 12 de mayo del año pasado. La empresa adjudicataria de esas obras, Sierracon S.L., presentó una querella contra Izquierda Unida por injurias y calumnias. Hoy, la defensa de esta empresa confirma que ya no es su cliente y no ha sido posible contactar con ella para analizar la situación del caso.

En noviembre de 2021, la Fiscalía vio indicios de prevaricación y falsedad documental sobre la que era coordinadora general de Infraestructuras y el jefe de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios.

Dos días después, David Dorado, aún concejal de Infraestructuras, achacó este caso a un "fallo" en la cadena de control del Ayuntamiento. Acto seguido, el gobierno anunció el cese de la coordinadora investigada, cargo de confianza de Dorado. Ante la reacción del edil contra el gobierno por esta decisión, el día 29 de noviembre la Junta de Gobierno Local ratificó ese cese y también dejó al concejal de Ciudadanos sin competencias. Solo mantuvo la portavocía de su grupo municipal.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

A finales de enero de 2022 el juez José Luis Rodríguez Laínz imputó a la ex coordinadora general y al funcionario investigado. Tras esta decisión, el 31 de enero el ayuntamiento aprobó personarse en la causa.

El pasado 18 de marzo, la ex coordinadora general declaró ante el juez y negó cualquier irregularidad, al igual que hizo Dorado ya el 11 de mayo, cuando acudió a declarar como testigo. De hecho, reivindicó la devolución de sus competencias.

Dorado contra el gobierno y su partido

La parte más rocambolesca de esta historia comienza cuando Dorado comienza a arremeter contra el gobierno municipal. El edil, tras la denuncia de IU y Podemos, había denunciado en julio ante la Fiscalía una presunta trama en Infraestructuras basándose en una auditoría externa sobre contratos de alumbrado de 2015 a 2020. Comenzó a acusar duramente al gobierno de obstaculizar esta segunda investigación.

El día 29 de agosto de este año, publicó un video acusando al alcalde de corrupción por querer tapar la investigación de su denuncia y calificó de "arrodillados" a sus compañeros de partido. De hecho, anunció que pasará a ser no adscrito, aunque se desdice horas después. A la jornada siguiente, Ciudadanos retiró la responsabilidad de la portavocía a Dorado. La situación generó una crisis en el cogobierno PP-Ciudadanos y, tras una reunión con la gestora de Ciudadanos Andalucía, la gestora anunció que medidas disciplinarias para expulsar a Dorado. El propio concejal dejaría la formación naranja tras este anuncio.

El día 22 de septiembre de este año, Dorado se estrenó como concejal no adscrito en el pleno. El cogobierno se queda con 13 ediles.

En las mismas fechas, el Juzgado de Instrucción Número 4, que investiga los contratos supuestamente irregulares realizados durante la etapa de Dorado al frente de Infraestructuras, planteó 6 meses de prórroga al no poder realizar todas las diligencias necesarias en el plazo establecido. Y lo hizo alegando que quedaban diligencias policiales y que "podría derivarse la posibilidad de ampliar el elenco de personas investigadas". Tal vez esta decisión ya dio la clave sobre lo que ha ocurrido después.

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional requirió al Ayuntamiento documentación sobre contrataciones de Infraestructuras en este mandato. De hecho, el consistorio anunció tras esta actuación que había hallado más de 200 facturas de menos de 500 euros sin control y que presentaban irregularidades. Fueron puestas a disposición de los agentes. El número, han confirmado desde el gobierno local, ya es mucho mayor.

Finalmente, este 12 de diciembre llegó la operación de la UDEF. La Policía Nacional llamó a declarar a Dorado junto a una docena de empresarios. Procedió a las detenciones y puestas en libertad con cargos en una operación sin precedentes para el Ayuntamiento de Córdoba.

Tras conocer el informe de la UDEF, el juez Rodríguez Laínz ha imputado al concejal y a 9 empresarios supuestamente implicados en la causa. Además, ha ampliado la imputación de la ex coordinadora general de Infraestructuras y del funcionario investigado.

Segundo caso 'Infraestructuras'

Mientras, el segundo caso judicializado sobre esta delegación, que nació de la denuncia de Dorado en julio de 2021, sigue su curso.

La Fiscalía la elevó en julio al juzgado, apuntando a presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias y apuntando a un funcionario, el jefe de la Unidad de Alumbrado, y a media docena de empresas como cooperadoras necesarias. Aunque la denuncia se refería a contratos de 2015 a 2020, este órgano también solicitó al Ayuntamiento expedientes que datan de 2012.

En este momento, el caso lo investiga el juzgado de instrucción número 2 de Córdoba, que aprecia posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el funcionario investigado.

La auditoría externa que presentó el concejal y que es la base de la denuncia apuntaba a un complot entre empresas y el funcionario investigado para adaptar las características de los pliegos a estas. El perito responsable de la auditoría apuntó tanto a la Fiscalía como al juez que la mayoría de la información se la facilitó el concejal y que no realizó comprobaciones en aspectos claves del caso.

En este proceso, hay testimonios pendientes para el mes de enero. Queda conocer la decisión judicial tras la instrucción, que puede dar curso al caso o archivarlo. Un archivo que ven más que probable fuentes conocedoras de las diligencias, aunque Dorado explicara a Radio Córdoba que más allá de la auditoría, hay otras pesquisas y testimonios que deberá estudiar el juez.