Los políticos andaluces condenados por los ERE entran en prisión
El expresidente Griñán está a la espera de un informe forense después de pedir la suspensión de su pena para tratarse de un cáncer de próstata
Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves (4d) y José Antonio Griñán (3d), junto a otros ex altos cargos del Gobierno andaluz, vuelven hoy al banquillo de los acusados, en la recta final del juicio del caso ERE / José Manuel Vidal (EFE)
Sevilla
A unos días de que se cumplan doce años del inicio de la investigación del caso de los ERE, cuatro exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía han ingresado en prisión para cumplir entre seis y siete años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos; por crear y mantener durante una década un sistema de concesión de ayudas considerado por el Tribunal Supremo prevaricador, lo que propició la malversación de 680 millones de euros. Los seis ex altos cargos que tenían que ingresar en la cárcel de forma voluntaria han elegido las prisiones de Sevilla, Huelva, Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y El Puerto de Santa María.
En la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra se encuentra Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Economía, en el Puerto 3 está el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en la de Huelva el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y en Sevilla 1 el exconsejero Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el exdirector de la agencia pública IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar.
El expresidente de la Junta y exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán, de momento no entrará en la cárcel para cumplir sus seis años porque la Audiencia está pendiente de un informe forense que debe determinar si su ingreso en prisión puede tener incidencia en el desarrollo del cáncer de próstata que padece y en el tratamiento con radioterapia que le han prescrito.
El ex viceconsejero Barberá no ingresará por la enfermedad muy grave que padece. El exdirector general de Trabajo, Juan Márquez, no entrará en prisión porque fue condenado a tres años y la Audiencia de Sevilla le suspendió la pena durante un año mientras se tramita su indulto. Indulto que han pedido al Gobierno todos los condenados. Márquez vio rebajada su pena de siete a tres años porque el Supremo apreció la atenuante de reparación del daño.
El otro exdirector de Trabajo condenado, Javier Guerrero, falleció. El expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez solo están condenados a penas de inhabilitación para ocupar cargo público por un delito de prevaricación.
