Bajan las denuncias por prostitución, pero Málaga sigue multando cinco veces más a las mujeres prostituidas que a los clientes

Málaga

Cambian los números, pero no la proporción. Las multas vinculadas a la prostitución en las calles de Málaga se han desplomado a la mitad en el último año en comparación con el ejercicio anterior y son seis veces menos que antes de la pandemia, en 2019, cuando rozaron las seiscientas, según datos del ayuntamiento de la capital. En el último año, la ciudad ha registrado 106 sanciones relacionadas con esta actividad hasta el pasado 12 de diciembre; de ellas, 61 se han impuesto a las mujeres prostituidas "por ofrecer servicios sexuales en la vía pública" y 12 a los clientes "por solicitar" dichos servicios, una proporción de cinco a una, precisamente donde radica una de las grandes críticas que se le hacen a esta norma. A esto hay que sumar otras 31 multas por realizar prácticas sexuales en la calle y dos sanciones a los proxenetas por "coacción a la prostitución", según datos de una respuesta del equipo de gobierno a la concejala del grupo municipal de Unidas Podemos, Remedios Ramos. Mayo y octubre son los meses donde la estadística de la Policía Local recoge mayores cifras de sanciones. En 2021, las multas ascendieron a 219 y en el año de la pandemia, 2020, a 293.

Desde colectivos de asistencia a estas mujeres indican que la caída de las multas se debe a que desde la pandemia la actividad ha migrado en gran medida a los pisos, con lo que la actividad, vinculada en gran medida a la trata de mujeres, permanece "invisibilizada" y es más difícil ayudar a quienes la sufren. Y vuelven a criticar que Málaga siga multando a las mujeres prostituidas, al igual que colectivos feministas, que exigen un cambio en la norma que "ponga el foco en los puteros".

En Málaga lleva doce años en vigor la norma incluida en la Ordenanza municipal de Convivencia, que establece multas de entre 750 y 1.500 euros por ofrecer y solicitar servicios sexuales en la vía pública cuando se realicen a menos de 200 metros de "centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales", tal y como se recoge en el apartado 5 del artículo 36 de la norma. Los grupos políticos de PSOE e IU han venido exigiendo, sin éxito, una modificación para que se incluya la perspectiva de género en la ordenanza de forma que se considere la prostitución como una forma de violencia de género y se eliminen las sanciones a las mujeres prostituidas.