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Resetear la Sanidad

La periodista Ana Huguet analiza en La Ventana Andalucía la situación sanitaria en nuestra comunidad con paros anunciados a finales de semana

La Columna de Ana Huguet (23/01/23)

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Sevilla

No es una semana sin más para el Gobierno andaluz. El sindicato médico de Andalucía ha convocado para este viernes un primer paro en la atención primaria y una jornada antes, el jueves, se celebra una mesa sectorial para tratar de frenar ésta y protestas futuras. Por más que repita la consejera Catalina García, en contra de lo que denuncian los profesionales, que la espera media en la atención primaria es menor a tres días, una simple consulta en la aplicación de Salud Responde confirma que es habitual aguardar entre una y dos semanas para una cita.

Nadie puede negar que el Gobierno de Moreno ha incrementado de manera sustancial el presupuesto de Salud, pero no es menos cierto que es una subida insuficiente en un país que sufre aún las consecuencia del recorte de 7.000 millones de euros en sanidad que ejecutó el gobierno de Rajoy en 2012 y en una comunidad que en 2023 sigue lejos de la media nacional en gasto sanitario por habitante.

La desconvocatoria del paro de este viernes dependerá de que la Junta rebaje el cupo de pacientes por médico, amplíe la durabilidad de los contratos Covid que expiran en abril y asuma, de una vez, el compromiso electoral de 2018 de equiparación salarial a la media de España para cortar la constante fuga de médicos a otras comunidades.

Solo un apunte más. Hay una medida que no está encima de la mesa, pero que bien haría el gobierno andaluz en recuperar: la factura informativa. Recordar al usuario el coste de cada intervención quirúrgica, de cada prueba diagnóstica, de cada analítica, de cada consulta médica que algunos que no acuden no se molestan ni en anular aumentaría la concienciación para eliminar abusos en un servicio tan valioso. Una simple campaña informativa sería un buen primer paso.

Todo esto tiene un coste económico, pero habría que recordarles a aquellos que conciben la prestación de servicios públicos en términos de rentabilidad económica que mejorar la salud de la población no es un gasto; es una inversión.

 
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