Silicosis

Córdoba

El 30 de enero, Francisco Martínez Consentino, el líder del gigante almeriense de encimeras, compareció por videoconferencia ante un juzgado de Vigo y se declaró culpable de un delito de lesiones por imprudencia a cinco trabajadores. Admitió que había ocultado durante años el origen de la silicosis, que en nuestro país ha afectado a unos 1.900 trabajadores del sector de la marmolería.

El polvo de sílice de su producto estrella, el Silestone, afectó a numerosos jóvenes que encontraron en las empresas del sector un trabajo seguro que les daba dinero. Esa fue la realidad del municipio cordobés de Montemayor en pleno 'boom' de la construcción, desde finales de los años 90. Había empleo para todos en las decenas de empresas que afloraron. Dejaron sus estudios a una edad temprana y empezaron a trabajar montando encimeras de cocinas. Hay promociones casi completas de chicos que no fueron a la universidad.

Todo el mundo quería Silestone en su cocina. Pero el tratamiento de este material no trajo consigo medidas especiales de seguridad. A todos ellos les dijeron que era como cortar piedra natural. Pero estaban inhalando ese polvo que se convirtió en veneno para sus pulmones. Y en Montemayor comenzó a sonar una palabra ajena para un pueblo de campiña: silicosis.

Las administraciones y autoridades laborales miraron en un primer momento para otro lado. Hoy por hoy, reconocen un mínimo de los casos diagnosticados a estos jóvenes que hoy están en la treintena y que sufren problemas respiratorios y dificultades en su vida diaria. Hace un año, la Universidad de Córdoba y la consejería de Salud anunciaron el impulso del Centro Andaluz de Enfermedades Respiratorias de Origen Laboral (Caerol), con un socio privado: Consentino.

Esta semana los afectados de silicosis reconocían cierta emoción por ver cómo el líder de esta empresa, nombrado por la Junta Hijo Predilecto de Andalucía en 2019, confirmaba lo que ya sabían. Que habían enfermado por negligencia, también la de sus empresas. No tienen recursos para ir a los tribunales por la vía penal. Llevan años presentando denuncias por la social, gratuita para los trabajadores. Con poco éxito.

Ha llegado el momento de que el gobierno andaluz se aparte de los fuertes y defienda a estos trabajadores.