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La Cámara de Cuentas de Andalucía emite un informe desfavorable tras auditar el ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Jerez

Este órgano cuestiona, entre otros aspectos, el abono de complementos de productividad a empleados municipales

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, durante una sesión plenaria / Ayuntamiento de Jerez

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, durante una sesión plenaria

Jerez de la Frontera

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido un informe en el que se fiscaliza la gestión que se realizó en distintas áreas del Ayuntamiento de Jerez en el año 2018. Tras este análisis, este órgano ha emitido una opinión desfavorable, tanto en la auditoría financiera, como en el cumplimiento de la legalidad.

Entre las múltiples incorrecciones que señala la Cámara de Cuentas, se desprende que, en el caso de la deuda con acreedores ordinarios, de los informes trimestrales del ejercicio 2018 que ha analizado este órgano, el Ayuntamiento de Jerez realizó pagos por un importe de 47.5 millones de euros, el 82% del total de los pagos realizados, fuera del periodo legal establecido para ello.

También, en el documento aparece que en la liquidación del presupuesto de 2018 no se aprobaron las cuentas recaudatorias del Servicio Provincial de Recaudación de Diputación de entre los años 2015, año en el que Mamen Sánchez llegó a la alcaldía de Jerez, y 2018.

En cuanto a la gestión de personal, también da un tirón de orejas la Cámara de Cuentas al gobierno local. Por un lado, en el documento se refleja que el número de plazas recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el régimen jurídico de funcionarios es inferior al número de plazas aprobadas por la plantilla presupuestaria.

También cuestionan desde este órgano fiscalizador que durante 2018 se abonó casi un millón de euros en concepto de complemento de productividad, complemento que recibieron algunos empleados municipales, “sin que existieran criterios objetivos” aprobados en Pleno para su aprobación.

Según la Cámara de Cuentas, también hay irregularidades en cuanto al abono de “gratificaciones” a la plantilla, ya que es ilegal mantener un complemento mensual como una gratificación a los trabajadores que tienen asignadas temporalmente funciones de otro puesto, aunque estén aprobadas por la Junta de Gobierno Local, si se contempla como una cuantía fija mensual, y no como algo temporal. En el caso del Ayuntamiento, las retribuciones abonadas mensualmente para algunos trabajadores por el este concepto llegó ese año a los 2.700 euros al mes.

Así las cosas, en lo que respecta al área de transparencia, a pesar de disponer de un portal para tal fin, según la Cámara de Cuentas, el consistorio jerezano no cumple con la ley.

Respuesta del gobierno local

Tras este informe, desde el gobierno local critican “el uso partidista” que hace el PP de las instituciones que dependen de la Junta, como es el caso de la Cámara de Cuentas.

A partir de aquí, a través de un comunicado, afirman que el informe “demuestra la herencia de la gestión económica y de recursos humanos de los gobiernos anteriores”.

También recuerdan que el ayuntamiento presentó casi un centenar de alegaciones a este informe, y la Cámara solo ha aceptado una veintena de ellas, algunas incluso de forma parcial. Señalan desde el consistorio que muchos de los aspectos que se reflejan en el documento ya se han corregido.

Valoración desde el Partido Popular

También hay reacción desde la oposición. Desde el Partido Popular, tres recordar que todos los consejeros de la Cámara de Cuentas han aprobado el informe, piden al gobierno local que asuman responsabilidades.

Este miércoles, en rueda de prensa, el portavoz del PP en Jerez, Jaime Espinar, califica de “caos y un verdadero desastre” la actual gestión económica del consistorio. Dice Espinar que muchas de las medidas que denuncia el informe, elaborado recuerde con datos de 2018, se están aplicando en la actualidad.

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Jaime Espinar, portavoz del PP en Jerez

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A partir de aquí, los populares subrayan que el informe es desfavorable en todos y cada uno de los parámetros, y lamentan que se hable de incumplimiento de la legalidad, de facturación a empresas sin contrato o encomienda de gestión, de contrataciones no justificadas, de falta de transparencia o de enchufismo.

 

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