Familiares de víctimas del franquismo y colectivos memorialistas han cerrado hoy la fosa común de Pico Reja después de seis años de trabajos, que se han saldado con la recuperación de 1.786 cadáveres con signos de violencia. Aranzadi Sociedad de Ciencia y Ayuntamiento de Sevilla han ejecutado las labores durante seis años, desde que en 2017 se aprobara su comienzo. El acto de clausura ha estado marcado por la emoción y el respeto y ha contado con la presencia de todas las administraciones con responsabilidades en Sevilla: Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento. Pico Reja es sólo una de las ocho fosas con cadáveres de represaliados que hay en cementerio y la primera en excavarse. Pero se calcula que bajo el suelo hay más de 4.500 cuerpos. 81 años y cuatro meses después, sus familias siguen buscando su rastro y reclamando justicia. Las asociaciones de Memoria Histórica sitúan en Pico Reja los cadáveres de los primeros asesinados en Sevilla tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado que abrirán la fosa de Monumento, otra de las que quedan en el cementerio de San Fernando, este mismo año y con presupuesto municipal. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha definido la fosa común como el ejemplo de la barbarie ejercida en Sevilla por los generales golpistas y, en concreto, por Gonzalo Queipo de Llano. El cierre del acto ha sido la clausura del último hoyo al descubierto de la fosa común. Los encargados de sellar con tierra ese agujeron han sido familiares y allegados de víctimas del franquismo y los miembros de los colectivos memorialistas de Sevilla. Las paladas de tierra han ido acompañadas de dedicatorias como: «A mi madre», «Por mis tíos» y «¡Honor y gloria a la columna minera de Huelva!» Según el último informe de Aranzadi Sociedad de Ciencia, las excavaciones han deparado la detección de restos óseos de 10.076 «sujetos», de los que tienen «evidencias de represalias» los de 1.786 personas, que corresponden con el número de la «población asesinada». En paralelo al rescate de estos restos óseos, el equipo encargado de la exhumación está remitiendo tandas de muestras de los mismos al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, para la identificación de los cadáveres a través del cruce del AND extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas en su día a familiares de represaliados. Fuentes del gobierno andaluz aseguran a la SER que de los casi 2.000 cuerpos exhumados de la fosa, los restos de unos 1.300 se han remitido a la Universidad de Granada, donde se han cotejado con unas 400 pruebas de ADN de los familiares de las víctimas y todos han resultado negativo. La Junta aclara no obstante que «es un primer examen y los datos no son aún definitivos».