Emilio Jiménez, responsable de Distribución de Endesa: "Ampliar la potencia es ampliar la posibilidad de que se cometa un delito"

Sevilla

La prioridad de Endesa, como compañía distribuidora de electricidad, es ofrecer a sus clientes un suministro de electricidad constante, fiable y seguro. Por ello, cuando se producen problemas de suministro en un determinado entorno, éste pasa a ser prioritario para la compañía, que, de forma paralela, analiza las causas técnicas de esta problemática y actúa para solucionarla cuanto antes.

Es lo que se está haciendo en diferentes barrios de la ciudad afectados por sobrecarga en la red como Polígono Sur, Torreblanca, Palmete, Padre Pío o La plata. En estas zonas de la ciudad, se han producido incidencias en las redes de distribución a causa del sabotaje con fines delictivos al que están sometidas las redes eléctricas, en muchas ocasiones para cultivo de plantaciones de marihuana indoor.

Cada uno de estos ‘invernaderos indoor’ demanda una potencia que equivale al consumo de 80 viviendas.

Del total de centros de transformación repartidos por Sevilla capital, unos 3.200, esta situación se registra en solo 39, y generan el 57 % de las incidencias en la red eléctrica de la ciudad.

Esta sobrecarga a la que está expuesta la red de distribución no tiene ninguna justificación ni explicación técnica, ya que la capacidad de las instalaciones es muy superior a la que teóricamente se necesitaría, incluso si los usuarios en situación “legal”, con contrato en vigor e instalaciones interiores conforme a la normativa, utilizasen todos sus suministros a la máxima potencia. En esa situación aun habría capacidad en los centros de transformación para suministrar 1,8 veces más clientes en las mismas condiciones.

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La potencia total contratada en los 39 centros de transformación más afectados por el fraude en Polígono Sur, Torreblanca, Palmete, Padre Pío y La Plata es solo del 34% y asciende a 44.410 KVA.

Además, únicamente el 57% de los 15.503 suministros a los que abastecen estos 39 centros de transformación tienen contrato en vigor.

En ese sentido, la diferencia entre la potencia de electricidad que circula por los transformadores que dan servicio a estas zonas de Sevilla y la que miden los contadores de las viviendas con contrato es 3,54 veces mayor, según se desprende de la sensorización de los centros, lo que da una idea del volumen de enganches ilegales y de la cantidad de energía que demandan.

Además, esta energía la demandan las 24 horas al día, 365 días al año, y con ello provocan situaciones de gran riesgo eléctrico al sobrecargar la red. Para evitar que esa sobrecarga provoque incendios, esta infraestructura eléctrica dispone de protecciones, como los fusibles, que absorben la sobretensión y evitan males mayores. En estas zonas se han registrado picos de 10 fusibles fundidos al día por centro de transformación.

Cada vez que se funde un fusible hay que reponerlo para poder tener continuidad en el suministro, pero para realizar su cambio hay que esperar a que el centro de transformación baje de temperatura, para que los técnicos puedan manipular la red. Esto supone que el cambio de un fusible desde que Endesa tiene conocimiento hasta que se ejecuta pueda suponer una media de 2 horas.

Hay que añadir que las infraestructuras eléctricas que utilizan los terceros para propiciar el cultivo de plantaciones de marihuana en estas zonas son cada vez más sofisticadas, demandando potencias compatibles con un uso del suministro de naturaleza industrial, lo que evidencia la enorme carga eléctrica que soporta la red de distribución, que está diseñada y autorizada administrativamente para abastecer viviendas, no polígonos industriales.

Estas zonas afectadas por cortes o incidencias de suministro eléctrico comparten a menudo un denominador común: el fraude eléctrico que cometen unos pocos y que perjudica a los clientes con contrato.

Un fraude eléctrico revela no solamente un acto delictivo o una estafa a la compañía suministradora de energía, sino, sobre todo, una situación en la que confluye el grave peligro a las personas e instalaciones y el perjuicio tanto a la compañía como sobre todo al resto de clientes. Y es que un defraudador:

- Se pone en grave riesgo a sí mismo, a sus vecinos y a su entorno físico por electrocución, deflagración o incendio.

• Daña las instalaciones eléctricas, que al tener que ofrecer más potencia de la prevista en los contratos de los clientes se sobrecalientan, produciendo cortes de suministro y teniendo que ser constantemente renovadas.
• Provoca un retraso en la reparación de averías, debido a la dificultad que encuentran los técnicos, para detectar el punto que las provoca, perjudicando así a la calidad del servicio, de los vecinos del entorno donde se ha cometido el fraude.
• Impide prever el suministro adecuado. A la hora de dotar de suministro eléctrico a una determinada zona, se calcula la potencia contratada de los clientes y la compañía garantiza que éstos reciben una energía adecuada, pero no puede prever la que consumen aquellos que cometen fraude.
• Provoca un aumento de la factura eléctrica para sus vecinos, ya que la energía que consume la está “tomando” ilegalmente de la red de otros clientes que sí tienen contrato. La idea equivocada de que el fraude eléctrico es asumido por la empresa está totalmente fuera de la realidad. Lo que una persona defrauda repercute directamente en los bolsillos del resto de ciudadanos, llegando a un incremento anual de la factura eléctrica de casi 150 millones de euros el pasado año, según la CNMC.