Usureros con el servicio público, espléndidos con el beneficio privado

Córdoba

Si algún legado verdaderamente valioso nos han dejado por herencia nuestras madres, padres, abuelas y abuelos, es el patrimonio que representan los servicios públicos. En una tierra que está en la periferia económica de España y Europa, con las rentas más bajas de nuestro país, y las tasas más altas de pobreza, disfrutar de servicios públicos universales, gratuitos y de calidad es una cuestión de supervivencia. Eso explica que, ante el paso de gigantes hacia la privatización y el ataque más grave sufrido por la sanidad andaluza en democracia, miles de cordobeses y cordobesas se manifestaron en las calles el pasado 25 de marzo.

En la era del gobierno del Partido Popular en Andalucía, la sanidad se ha resentido hasta niveles irreconocibles en nuestra tierra. Otorgar a dedo 243 millones de euros a clínicas y hospitales privados, acogiéndose a un decreto de contratación pública derogado hace dos años, aprobar un decreto para externalizar la atención primaria, cuyos costes son 6 veces más caros en la privada que en la pública, o despedir a 8.000 sanitarios aun cuando el 10% de los andaluces están en lista de espera y, de ellas, 136.000 lo hace en espera de una operación, es una política antisocial y temeraria.

La fórmula de resentir el sistema sanitario público, para desacreditar su buen funcionamiento, logrando con ello el enfado colectivo, para hacer creer a la población que su salud no está garantizada por la pública, alentando su incorporación a la privada, para, por último, adoptar con despecho la externalización de servicios públicos, es una fórmula calculada y nada inocente, cuyas consecuencias las paga la ciudadanía.

Lo dice un catedrático de salud pública de la Universidad de Oxford, Aaron Reeves, que hace poco nos visitó para explicar científicamente que la externalización de la sanidad mata. Y mata por el deterioro por desasistencia de la salud de los pacientes. Y también lo confirman los datos nacionales de salud: en la escasa era del actual gobierno andaluz la tasa de mortalidad ha aumentado 2 puntos de media y la esperanza de vida se ha reducido en 1 año en los grupos de más de 50 años. Y no ha sido por causa del COVID, pues en otras comunidades autónomas no ha ocurrido lo mismo, ha sido por esa política de desasistencia de nuestro sistema público de salud, que resiente a la par la salud de la ciudadanía.