Carlos Arias: "Las sucesivas huelgas en la Justicia están suponiendo la ruina total para los abogados"

Córdoba

Si la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) interfirió directamente en cerca de 15.000 procedimientos judiciales en Andalucía, según datos del gobierno andaluz, el impacto que está teniendo la de los funcionarios es todavía "imposible de calcular", según han lamentado distintas fuentes judiciales a Radio Córdoba - Cadena SER. Además, al calor de este contexto, jueces y fiscales podrían activar también sus reivindicaciones el próximo día 16 de mayo.

La situación en los juzgados se tensa más. El Comité de Huelga y los sindicatos convocantes ponen a la provincia de Córdoba como ejemplo a seguir, pues el nivel de seguimiento diario en jornadas anteriores superaría el 80 % según CSIF. Por otra parte, los datos de la Consejería de Justicia apuntan a que solo el 23 % de los funcionarios cordobeses la habrían secundado este pasado martes.

Entre las reivindicaciones de los funcionarios, se encuentra un incremento salarial de entre 350 y 430 euros mensuales, así como una renegociación de la Ley de Eficiencia Organizativa.

Mientras las negociaciones siguen bloqueadas, los organizadores han tomado como "ofensiva" la visita a la Feria de Abril de Sevilla de la Ministra de Justicia, Pilar Llop. Por ello, han decidido suspender los paros horarios de tres horas al día para activar la huelga total a partir del jueves, 4 de mayo. Será una huelga general combinada con jornadas de protesta y que se ha planificado para los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, según ha concretado Antonio García, portavoz de CSIF en Córdoba. Ha asegurado que "la actitud poco negociadora de la ministra es incomprensible y muestra que le importa poco el funcionamiento de los órganos judiciales".

En este polvorín, el Colegio de la Abogacía de Córdoba ha roto su silencio definiendo la situación de "insostenible". El decano del colectivo profesional, Carlos Arias, ha instado a las partes a alcanzar un acuerdo a través del diálogo y de forma inmediata, pues ya estima un retraso mínimo de un año en los procedimientos judiciales derivado de estas huelgas encadenadas. "Todo ello unido al retraso ya estructural del sistema judicial, que está obsoleto", ha manifestado.

El letrado ha lamentado que "el derecho a una tutela judicial efectiva se está viendo menoscabado por una reivindicación meramente salarial, algo que tenemos que decir sin eufemismos". Así, ha implorado "consideración a los huelguistas y trabajo a las administraciones competentes, porque alguien tiene que entender que la administración de Justicia es un derecho público tan básico como la Sanidad, la Seguridad o la Defensa del país". De hecho, ha recordado el papel que jugó el Tribunal Supremo en 1996, "cuando declaró que no procedía una huelga de los profesionales de la abogacía si las reclamaciones eran únicamente económicas".

Carlos Arias ha reiterado la situación de "ruina total" en la que, asegura, están quedando muchos abogados de la provincia. "A diferencia de otros, nosotros no tenemos nómina: los juicios son lo que permite que pasemos las minutas por el trabajo realizado, así que al no producirse, hay despachos que llevan tres meses sin ingresos mientras hacen frente a todos sus gastos fijos", ha exclamado el decano del Colegio de la Abogacía.

Las repercusiones sobre los defendidos son múltiples, ha detallado, "y somos los letrados quienes tenemos que consolar a clientes que pueden llevar años esperando la resolución de su asunto". Al respecto, ha recalcado la "suspensión de declaraciones, la imposibilidad de entregar dinero consignado por accidentes laborales, el aplazamiento de juicios de custodia de menores o incluso la no ejecución de manutenciones para niños y niñas".