La Junta alude al marco legal para justificar 9.000 euros pendientes de pago por una ayuda a la dependencia
El fallecimiento de la beneficiaria hace que el pago comprometido se tramite ahora como herencia
Ley de Dependencia
Cádiz
La Junta de Andalucía ha iniciado la redacción de un informe en respuesta a la denuncia de una mujer de Cádiz, María Rodríguez, a la que la Administración le ha concedido un plazo de diez dias para cumplimentar la documentación necesaria para acceder al pago pendiente de la ayuda de dependencia concedida por el deterioro sufrido por su madre, a quien cuidaba de manera constante.
Tras el reconocimiento de la situación de dependencia, la Junta tardó doce años en realizar los primeros pagos, aún admitiendo el carácter retroactivo de la ayuda. Poco después del primer abono, en verano de 2022, la madre de Maria falleció, lo que frenó el pago de los haberes pendientes. La mujer reclama más de 9.000 euros impagados por la Consejería de Salud y Familias.
El informe, aún en proceso de elaboración, concluye que la beneficiaria de la ayuda fue la madre no la hija. Al fallecer, el dinero que le estaba asignado pasó a tener consideración de herencia, es decir bienes de la mujer fallecida sobre los que tienen derechos sus herederos.
Según la Junta, el pago de la herencia no se ha producido porque, al presentar la hija la solicitud de ayuda, no incluyó a dos nietos de la fallecida dentro de la comunidad de herederos y, lo que se le pide es que les incluya a ambos porque están así reconocidos en las últimas voluntades. La entrega de esa documentación debe realizarse, por ley, según la Junta en el plazo de diez días.
Las fuentes consultadas por la Junta han admitido el retraso en los pagos desde la concesión de la dependencia hasta el abono, y lo han atribuido a cambios normativos durante el proceso y al hecho de que la administración priorizó los pagos en función de las necesidades, dando salida en primer lugar a los casos de dependencia de nivel tres, una media establecida por la Ley de Dependencia aprobada en el mandato del anterior gobierno autonómico. El de la madre de la mujer denunciante había sido considerado de nivel dos.
