La climatización de los centros escolares de Sevilla llega al Defensor del Pueblo
Hablamos en Hoy por Hoy con Jesús Maeztu, Manuel Cortés, director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación; y Pedro Arias, coordinador provincial de la Asociación de Directoras y Directores de Secundaria
La climatización de los centros escolares de Sevilla llega al Defensor del Pueblo
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Sevilla
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una actuación de oficio para investigar qué está pasando con la ley de bioclimatización en Andalucía. Las protestas comenzaron en el mes de mayo con una primera ola de calor, tanto por parte de Escuelas de Calor, como de la Codapa (Confederación Andaluza de Padres y Madres) y sindicatos.
Básicamente acusan a la Junta de haber metido la ley en un cajón y de aplicar, cuando llega el calor, planes de emergencia un año tras otro que no dan resultado, por ejemplo, la refrigeración adiabática, que enfría el ambiente con agua elevando mucho la humedad del ambiente, una técnica que no está recomendada para uso industrial, en este caso con muchos niños en el aula. Es más, en algunos colegios se están organizando los padres para comprar aires acondicionados, como es el caso que conocimos este mismo lunes en el CEIP Jardines del Valle (Sevilla).
Ya en mayo de este año, la recomendación de la Junta fue que los niños y niñas salieran a las doce de clase “si los padres podían hacerse cargo de ellos”, cosa que enfadó mucho a las asociaciones de padres y madres que dijeron que la medida “provenía de un lumbreras”.
La Junta reconoce que la aplicación de la ley es lenta, pero asegura que hay numerosas obras en marcha y que Sevilla es una de las provincias con más inversión consignada.
En una comparecencia de la consejera Patricia del Pozo este pasado 1 de junio, dijo que, del total de las 454 actuaciones que contempla esta medida, 112 obras ya están finalizadas, y por lo tanto funcionado en los colegios e institutos y, otras 280 intervenciones están en construcción. Se está actuando sobre el 10% de los centros por ahora.
Además, ha señalado que los centros educativos son elegidos en base a criterios objetivos. Así, se priorizan aquellos centros situados en zonas de alta severidad climática con una valoración técnica que tiene en cuenta tanto la posible existencia de equipos de climatización como su situación estructural de aislamiento, entre otras.
Esta ley entró en vigor el 21 de julio de 2020 y se aprobó para mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos públicos andaluces aplicando técnicas bioclimáticas y de energías renovables.
La norma establece que la Junta debe hacer auditorías energéticas de los centros educativos públicos mediante licitación para conocer tanto las demandas energéticas de cada centro como las medidas correctoras necesarias. Y contempla que, en el plazo de seis años desde la entrada en vigor deberá haberse realizado la totalidad de las valoraciones o auditorías energéticas de los centros educativos, aunque el plazo es de 18 meses para las valoraciones de los centros que se consideren prioritarios.
Además, establece que el Consejo de Gobierno de la Junta deberá aprobar, en dieciocho meses, las normas reglamentarias que permitan poner en funcionamiento los instrumentos de intervención y financiación en materia de adecuación energética sostenible de los centros educativos y el en artículo 11 se explica que todo lo relacionado con esta ley se publicará en el portal de transparencia y se dará a conocer a la comunidad educativa.
En el 10% de los centros se están haciendo obras y no es arbitrario, sino que parten de mapas climáticos y así se priorizan los centros donde hay que intervenir.
