La Junta revisa el Plan de Ordenación del Territorio vigente desde hace 17 años
Estará hecho en dos años y ocho meses y costará 2,6 millones
Rocío Díaz, consejera de Fomento
Sevilla
La Junta de Andalucía ha iniciado los trabajos para revisar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que lleva 17 años en vigor sin modificación alguna y se considera "desfasado", y ha adquirido el compromiso de que el resultado será fruto de la "máxima participación" de los sectores implicados.
Según ha explicado este martes la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, los trabajos comenzaron a mediados de mayo para dar continuidad a la renovación del marco legislativo en esta materia iniciada con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento.
El trabajo de actualización del POTA se ha iniciado con la adjudicación, por importe de 2,6 millones de euros y una duración de 32 meses, de un contrato de apoyo técnico para la elaboración y redacción de los documentos del citado plan y de la Evaluación Ambiental Estratégica, así como de la gestión del proceso de participación, según la consejera.
La titular de Fomento ha señalado que tras 17 años el POTA se había quedado "totalmente desfasado" y como prueba de ello ha explicado que solo 135 municipios andaluces, el 17,1 por ciento, ha aprobado planes generales de ordenación urbanística con posterioridad a la entrada en vigor del POTA.
"Esto ha dado lugar a que se mantengan vigentes instrumentos de planeamiento de los años ochenta y noventa que no se ajustan de ningún modo y que no sustentan el modelo territorial de Andalucía definido en ese POTA", ha recalcado la consejera, quien no ha aclarado si esta normativa estará aprobada en la actual legislatura.
Díaz ha indicado que su tramitación llevará el mismo camino emprendido para la aprobación de la LISTA, por lo que buscará "lograr la máxima participación de los sectores implicados" -principales agentes sociales y económicos, administraciones y entidades públicas afectadas- con el objetivo de alcanzar un texto de consenso.
La consejera ha considerado el POTA como uno de los principales "desafíos normativos" para los próximos años, un proyecto que irá principalmente "de la mano" de los ayuntamientos, unas administraciones que tendrán "mucho que decir" para construir un modelo que "aproveche las potencialidades de Andalucía".
El POTA vigente, que se aprobó en 2006, es un instrumento de planificación territorial por el que se fijan los elementos básicos para la organización y estructura del territorio de la comunidad autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes regulados en la ley y para las actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio.
Díaz ha recordado que el Gobierno andaluz instó en octubre de 2022 a su departamento a revisar el POTA para crear las bases en las que se desenvuelva la acción pública y privada, orientando los procesos de ocupación y uso del territorio a los objetivos de cambio climático y desarrollo sostenible conforme a los nuevos postulados internacionales.
También se somete a los contenidos de la actividad de ordenación del territorio y los principios generales de ordenación contenidos de la LISTA, que recoge que el POTA tiene como finalidad lograr el equilibrio y la cohesión social y económica del territorio, mejorar la competitividad territorial en aras de propiciar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o promover el uso racional de los recursos naturales.
Su revisión servirá, según ha explicado la consejera, para planificar cómo será el territorio andaluz en los próximos años dando respuesta a retos como la sostenibilidad, la demografía, la movilidad y el cambio climático, además de establecer un marco de coordinación de las políticas sectoriales que se despliegan en Andalucía.
Una vez que se culmine este proceso, la revisión del POTA será remitida al Parlamento de Andalucía, sede de la representación del pueblo andaluz, por el Consejo de Gobierno tras su aprobación por éste.
