Los peritos justifican ante el juez los gastos en la recuperación del Guadiamar 25 años después del vertido tóxico de Boliden

Sevilla

Este martes ha empezado en Sevilla, en el juzgado de Primera Instancia 11, el primer juicio a la multinacional minera sueca Boliden, que contaminó en 1998 más de 4.600 hectáreas en la ribera del río Guadiamar, un afluente del Guadalquivir. Fue un vertido minero de lodos y aguas tóxicas que se quedaron retenidas y embalsadas en la zona de Entremuros, junto al Parque Nacional de Doñana. La Junta de Andalucía reclama a Boliden casi 90 millones de euros por el dinero que invirtió en limpiar y en convertir el espacio afectado en un paraje natural, bautizado como el Corredor Verde del Guadiamar.

La vista se ha iniciado con la declaración de los peritos testigos propuestos por la administración autonómica. Los tres han insistido en lo mismo, la restauración medio ambiental fue una necesidad tras el desastre. La zona no se hubiera recuperado nunca por sí misma. Fue necesario retirar los lodos y el suelo contaminados con arsénico, zinc o cadmio y fue necesario expropiar la zona agrícola afectada para evitar que se volviera a cultivar en ellas. Y fue preciso también, han explicado, pagar el trabajo de los científicos y de las universidades, las analíticas continuas del suelo o de la calidad del aire y la depuración de las aguas antes de verterlas al Guadalquivir o la plantación de árboles y arbustos en la cuenca del Guadiamar.

Los gastos, de lo que ha sido un ejemplo internacional de restauración de una zona contaminada por un desastre minero, se originaron como consecuencia de ese desastre, que dejó escapar casi cinco millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas. Ese ha sido una y otra vez el argumento que han defendido los peritos ante las preguntas de la Junta y de los abogados de la multinacional. La situación socio económica y ambiental tras el desastre hicieron necesarios todos los gastos posteriores que hubo de asumir la administración ante la emergencia y la alarma social y económica que se vivieron aquellos meses, según han explicado.

La Junta considera que la Ley de Minas respalda su postura y obliga a Boliden a pagar los gastos de la restauración del suelo y el río. Boliden pedirá que se desestime la demanda. Sus abogados han argumentado que la Junta está reclamando cantidades no imputables a la empresa porque considera que recuperar el terreno es distinto a crear un corredor verde.

La vía penal por este desastre minero se archivó. Basándose en los informes periciales de los catedráticos de ingeniería del terreno, la jueza que investigó los hechos y la Fiscalía entendieron que la balsa se había diseñado, construido y recrecido bajo hipótesis razonables con los conocimientos y los cálculos matemáticos que tenía la ciencia en los años 70 del siglo pasado. El dique que se rompió se había desplazado 50 metros. Los cimientos de la balsa eran las arcillas azules del Guadalquivir que se fueron dañando y fueron perdiendo resistencia conforme crecía en altura y en horizontal.

Los lodos que los camiones retiraron de la ribera del Guadiamar durante meses se depositaron en la corta minera de Los Frailes, cerca de la balsa siniestrada. Esos camiones recorrieron 17 millones de kilómetros, lo que equivale a darle 400 vueltas a la Tierra. Las aguas ácidas que se quedaron almacenadas en la zona de Entremuros salieron al Guadalquivir tras ser depuradas. De la cuenca afectada se retiraron 27 toneladas de peces muertos.

25 años después sigue prohibido el uso del agua de los pozos en la ribera del Guadiamar, Los animales destinados al consumo tienen prohibido pastar. La concentración de los metales en el agua del río se ha reducido y el río tiene una concentración aceptable, según el catedrático de química analítica de la Universidad de Sevilla Juan Luis Santos, que lo ha estudiado. En cambio, el suelo es hoy un enfermo crónico, según el investigador del CSIC y químico experto en contaminantes del suelo Paco Cabrera.