Visto para sentencia el juicio a Boliden: "El que contamina paga"

Sevilla

En cuatro sesiones ha quedado visto para sentencia el juicio civil por el vertido de cinco millones de metros cúbicos de aguas y lodos tóxicos que causó la rotura de la balsa minera de Boliden en la localidad sevillana de Aznalcóllar. El juzgado de instancia número 11 de Sevilla dirá si Boliden debe pagarle a la Junta todo, parte o nada de los casi 90 millones de euros que le reclama la administración autonómica por la restauración de la cuenca del río Guadiamar.

Las abogadas de la Junta han echado mano de la legislación española y europea. Han dicho que cuando se produjo el accidente minero Europa ya había adoptado el principio de que "quien contamina paga" y la ley de Minas de nuestro país obligaba y obliga al titular de los derechos mineros a hacerse responsable de los daños que ocasione por su trabajo. "No es necesario siquiera una conducta dolosa o culposa, solo la titularidad del derecho", han manifestado en referencia a que la vía penal se archivó por el juzgado que investigó el accidente no encontró culpable de lo sucedido.

La Junta demanda a Boliden Apirsa, que era la titular de los derechos mineros y se declaró en quiebra, a Boliden AB, que es la matriz del grupo desde 2001 y a Boliden BV, que es el socio mayoritario en la actualidad porque " las tres forman realmente una sola empresa" y ante lo que se considera "el juego de las personalidades interpuestas" lo que pretenden este tipo de multinacionales es que su responsabilidad quede disuelta haciendo "un uso abusivo del derecho".

Las letradas consideran que han quedado acreditadas las cantidades que gastó la Junta en la restauración de la ribera del Guadiamar durante el juicio.

En cambio, los tres letrados de las empresas de Boliden solicitan que el juez debe desestime la demanda de la Junta. "Es una invención" decir que Boliden tenía la obligación de restaurar el medio ambiente porque "si hubiera sido así la Junta nos hubiera sancionado en su momento o nos hubiera abierto un expediente", han argumentado. En 1998 "ninguna norma obligaba a restaurar la situación a su estado anterior", han repetido. Y han añadido que las cantidades que se reclaman en el juicio no están justificadas. Además de que el Corredor Verde del Guadiamar que se creó va más allá de lo que significa limpiar y dejar el medioambiente tal y como estaba antes del vertido.

La sentencia se conocerá dentro de unos meses y se podrá recurrir. Con lo que tardará en ser firme varios años.