El precio de una Investidura

Jerez de la Frontera

El pasado sábado se materializó lo que era un secreto a voces. El PSOE acepta como condición para la investidura de su candidato a presidente del gobierno tramitar una ley de amnistía por los acontecimientos del denominado “proces” catalán. Sucesos por los que el entonces presidente de la Generalitat abandonó España y Cataluña escondido en el maletero de un coche dada su condición de prófugo de la justicia de un estado democrático como es España.

No hace mucho tiempo que el líder y otros altos representantes del PSOE manifestaban contundentemente que la amnistía era una medida claramente inconstitucional, una medida claramente implanteable porque la amnistía es “claramente el olvido”. ¿Qué ha ocurrido entonces para que lo que era implanteable e inconstitucional se haya vuelto posible para el PSOE?

Pues lo que ha ocurrido es que el PSOE, después de los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado mes de julio, necesita imperiosamente de los votos de los partidos independentistas catalanes para poder seguir estando al frente del gobierno de España. Y estos partidos independentistas ponen sus condiciones: amnistía y referéndum de autodeterminación.

Para justificar el cambio de opinión, el PSOE y su secretario general mantienen ahora que “en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles” defienden la amnistía en Cataluña. Palabras grandilocuentes para justificar un giro radical que no ocultan lo que un histórico y respetado dirigente dijo en su turno de intervención: “No es una amnistía para la convivencia, sino una amnistía para una investidura”.