El Plan de Reparcelación de La Rinconada supera el plazo de alegaciones

Córdoba

El Proyecto de Reparcelación del Polígono de La Rinconada ya es firme administrativamente. Al no haberse presentado ninguna alegación durante el periodo de exposición pública, el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo dará luz verde inmediata a un documento clave para la implantación en Córdoba de la Base Logística del Ejército de Tierra 'General Varela' (BLET).

Según han confirmado a Radio Córdoba fuentes de la Gerencia, con este paso se permite la inscripción en el registro de la propiedad de las distintas parcelas del polígono industrial, por lo que el interés de empresas que serán auxiliares para la instalación militar es creciente. De hecho, al menos dos compañías cordobesas habrían adquirido ya una porción de terreno.

En el caso de la BLET, el procedimiento será algo distinto, pues el Ayuntamiento de Córdoba, el Gobierno central y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) deben rubricar un convenio por el cual se cede el uso de superficie al Ejército de Tierra. Por el momento, esa firma no tiene fecha adjudicada en el calendario. Con posterioridad, las máquinas podrán iniciar la obra de cerramiento de la parcela donde se ubicará la base, que ha sido adjudicada a una unión temporal de empresas integrada por ACSA y Sepisur S.L.

En total, el Proyecto de Urbanización de La Rinconada —que sigue en trámite en el seno de Urbanismo— contempla 200 hectáreas de espacio, de las que el Ministerio de Defensa ocupará 84 hectáreas. Según han detallado responsables de la fuerza terrestre, los primeros movimientos de tierras deberían iniciarse para finales de 2023 o comienzos de 2024. Solo así podría cumplirse la previsión de que la instalación militar, que concentrará en Córdoba el potencial de casi todos los centros logísticos del Ejército español, pueda empezar a ser operativa en el año 2027.

Además, el Consejo de Ministros declaró el día 3 de octubre zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad estatal del terreno que ocupará Defensa en la capital cordobesa, alegando que en esta zona consideran "prioritarios" los intereses de la seguridad.

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La declaración como zona de interés, que queda bajo la responsabilidad del Ejército de Tierra, incluye las limitaciones y condicionantes que se han considerado oportunos al objeto de que la propiedad sirva mejor a la finalidad de su utilización en el desarrollo de las actuaciones de infraestructura relacionadas con las actividades de despliegue y asentamiento de unidades militares, operaciones aeronáuticas e instrucción y adiestramiento.