Economistas de Málaga aseguran que la ley de amnistía supone "la degradación" del Estado de derecho en España

Málaga

El Colegios de Profesionales Economistas de Málaga se ha adherido este martes al comunicado remitido por el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales quien asegura que la futura ley de amnistía acordada por PSOE y Junts supone "la degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España" y que tendrá "consecuencias en perjuicio del interés real de España". Así lo han expresado en una declaración institucional tras la reunión extraordinaria de los ocho Colegios Profesionales de Economistas que lo componen.

De igual manera, ha querido manifestar públicamente "y sin que ello signifique o incluya ninguna connotación política", su "profunda preocupación" por los efectos en el ámbito económico y tributario que la aplicación que pueden tener de los acuerdos suscritos entre el PSOE, Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y Partido Nacionalista Vasco.

En este sentido, ha señalado que establecer una cláusula de excepción para Cataluña, con una cesión del 100% de los tributos que se pagan en esa comunidad, supone una vulneración del artículo 2 de la Constitución que consagra el principio de solidaridad entre las distintas comunidades. Este Principio de Solidaridad está presente en varios preceptos de la Constitución, tales como el artículo 138.1 y 2 y el artículo 156.1. También ha apuntado que establecer un plan para promover el regreso a Cataluña de las empresas que cambiaron su domicilio social, supone "una clara ruptura" de la neutralidad que debe mantener el Gobierno Central respecto de las diferentes comunidades autónomas.

En este punto, aclara que es lícito que las diferentes regiones pongan en marcha políticas para incentivar la implantación de empresas en sus territorios, pero "el Gobierno central debe mantenerse neutral al respecto sin fomentar o apoyar las políticas de ninguna de las comunidades, en detrimento de otras".

El Consejo Andaluz de Economistas también indica que la asunción de aproximadamente el 20% de la deuda viva contraída por la Generalitat de Cataluña con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales "supondrá de facto una condonación de 15.000 millones de euros de la deuda", lo que "rompe igualmente el principio de solidaridad antes expuesto, además de generar desigualdades entre territorios".

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Además, considera que se sentaría "un peligroso" precedente en tanto que las diferentes regiones no tendrán incentivos para mantener su deuda en niveles asumibles y gestionar sus recursos financieros de manera eficiente, ya que "se da a entender que se podrá instar al Estado Central a asumir y condonar una parte sustancial de la deuda".

En cuanto a la cesión de la Seguridad Social a una comunidad autónoma, señala que "rompe los principios rectores del sistema de seguridad social español", basado en la solidaridad entre generaciones y entre territorios. "Nuestro sistema parte del concepto de caja única, es decir, las cotizaciones recaudadas en todo el territorio nacional sirven para financiar las prestaciones de todos los españoles, tal como preceptúa el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social".

Por todo esto, el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas considera "totalmente improcedentes" los distintos acuerdos de investidura, en sus aspectos económicos, tributarios y sociales, ya que, a su juicio, suponen "la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos en materia económica y tributaria, y el claro beneficio de una parte de la ciudadanía en detrimento de los derechos de los de más". "La existencia de estas diferencias, pueden suponer, además, la ruptura de los principios del mercado único europeo", concluye.