Sánchez vuelve a confiar a Montero las finanzas públicas y asume la vicepresidencia cuarta del Gobierno

Sevilla

María Jesús Montero (Sevilla, 1966) repetirá como ministra de Hacienda en el nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar y además ostentará la vicepresidencia cuarta del Gobierno, que se suma a las tres vicepresidencias actuales que seguirán asumiendo Nadia Calviño, vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera.

Desde Hacienda, tendrá que acometer, después de tres años de reglas fiscales suspendidas, la reducción del déficit y de la deuda pública, que supera el 100% del PIB después de las medidas adoptadas por el Covid o la guerra de Ucrania.

Montero, actual vicesecretaria general del PSOE y una de las artífices de los acuerdos de Gobierno entre el PSOE y los demás partidos, es licenciada en Medicina y Cirugía y máster en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Negocios EADA, ostentó la cartera de Hacienda y Administración Pública en la Junta de Andalucía desde 2013, departamento al que llegó tras pasar nueve años al frente de la Consejería de Salud, a la que accedió en 2004 de la mano de Manuel Chaves.

A este cargo accedió tras ejercer desde 2002 como viceconsejera del mismo departamento. Anteriormente, fue subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla entre 1995 y 1998. En este año se incorporó al complejo sanitario Virgen del Rocío de la misma ciudad, primero como subdirectora médica y posteriormente como subdirectora gerente.

Al margen de su trayectoria en el ámbito sanitario, María Jesús Montero fue presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía entre 1986 y 1988, y posteriormente secretaria general del mismo hasta 1990. Desde 2008 y hasta su nombramiento como ministra fue parlamentaria por Sevilla en la Cámara autonómica.

Retos inmediatos

La tarea más inmediata de la que tendrá que encargarse será la elaboración y presentación del límite de gasto no financiero (techo de gasto), previo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, teniendo en cuenta que Bruselas prevé reactivar las reglas fiscales este próximo año, tras la parálisis por el impacto económico de la pandemia, la guerra en Ucrania y la escalada de precios, espacialmente energéticos.

Por ello, y ante un arco parlamentario tan fragmentado, tendrá que esforzarse por recabar los apoyos suficientes para que, por cuarto año consecutivo, puedan ver la luz unas nuevas cuentas públicas en España para el año 2024.

Lo que sí se ha dejado claro desde el Ejecutivo es que las cuentas se elaborarán en base a la responsabilidad fiscal. De hecho, el plan presupuestario remitido ya a Bruselas el pasado mes de octubre ya incluye una previsión de déficit en el entorno del 3% para el año próximo -en línea con lo que fijarán las reglas europeas- y una ratio de deuda pública el próximo año del 106,3%, lo que supondrá una reducción de 14 puntos respecto a su valor en 2020.

Ello estará asentado sobre un escenario macroeconómico que apunta a un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2% el próximo año, la creación de 700.000 empleos en 2023 y 2024 y un aumento de la recaudación impositiva del 7,5%.

Pero ante un contexto tan incierto, también se tendrá que perfilar la prórroga de algunas de las medidas excepcionales para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania y la subida de precios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha adelantado la prórroga de la rebaja del IVA a alimentos -que caducaba el 31 diciembre- hasta junio de 2024, seis meses más.

Se trata, en concreto, de la supresión del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad (pan, harina, leche, queso, huevos, etc.) y de la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta. Sobre si se prorrogará la reducción del IVA en la factura de la luz y gas no se ha pronunciado, medida que también expira el 31 de diciembre.

Impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas

Pero además, el acuerdo entre PSOE y Sumar recoge la revisión de los gravámenes a entidades financieras y empresas energéticas, con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores "sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar".

También se evaluarán los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.

Asimismo, se fijará un tipo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable -en lugar de sobre la base imponible como hasta ahora- para recaudar 10.000 millones adicionales.

Mejorar incentivos por hijo, por dependencia y cuidados en el IRPF

Además, Montero tendrá que liderar una reforma fiscal "orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social", por lo que se plantea una mejora de los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto.

También se quiere impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.

Se pondrá en marcha una Estrategia Integral para la Productividad que coordine las políticas públicas en el ámbito de la educación, la innovación, el mercado laboral y la adopción tecnológica. Para ello, se creará el Consejo Nacional por la Productividad, emulando el que ya tienen varios países europeos, para que se encargue de su monitorización y establezca recomendaciones de actuación para alcanzar los objetivos previamente fijados en dicha Estrategia.