Intervenidas 23 toneladas de aceite sin permisos y otras 25 de aceitunas "en descomposición"
La Guardia Civil ha detenido a dos personas por estafar a 18 agricultores que no cobraron la venta de la cosecha en la localidad de Carmona
Sevilla
La Guardia Civil, en el marco de la operación Tahunat, ha detenido a dos personas acusadas de un delito de estafa a 18 agricultores que no cobraron la venta de la cosecha de aceitunas en la localidad sevillana de Carmona.
Como resultado de la operación, se han paralizado 23 toneladas de aceite que ya habían salido de la almazara por carecer de los permisos administrativos y de trazabilidad necesarias, así como 25 toneladas de aceitunas que se encontraban en "claro proceso de descomposición".
Los agentes se trasladaron al molino de aceite en el que los agricultores depositaban su cosecha. Una vez allí comprobaron cómo la instalación se encontraba sin ninguna actividad, encontrando en el patio tolvas y cintas que contenían las aceitunas en claro proceso de descomposición.
Tras localizar al administrador del molino, los agentes inspeccionaron las instalaciones y localizaron una maquinaria de molturación en condiciones de insalubridad con un gran vertido de aceite en el suelo, según lo recogido por el Instituto Armado en una nota de prensa.
Asimismo, detectaron que los detenidos usaban unas etiquetas de una marca que no existía y en las que aparecía impreso el año 2022 como fecha de caducidad. Además, usaban otro etiquetado que pertenecía a otra empresa con presunto domicilio fiscal en Granada para distribuir o vender el aceite embotellado sin ningún tipo de registro sanitario ni permiso administrativo.
En este aspecto, los investigadores, con el apoyo de los técnicos de calidad agroalimentaria de Sevilla, comprobaron que los propietarios no contaban con la documentación necesaria para poder operar como almazara o molino.
Tampoco contaban con el Registro General Sanitario de empresa alimentaria ni con el Registro de Industria Agroalimentaria. Además del delito de estafa, a los dos detenidos se les imputa un presunto delito de propiedad industrial, falsedad documental, contra el mercado y contra los consumidores.