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El Ayuntamiento de Sevilla elaborará cuanto antes una nueva ordenanza para regular los pisos turísticos

Los municipios podrán limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector o periodos

Viviendas turísticas en Sevilla

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El gobierno de Sevilla capital anunciará la semana que viene las medidas que pondrán en marcha para limitar los pisos y apartamentos turísticos. Se plasmarán en la redacción de una nueva ordenanza contando con todos los sectores implicados, una vez que la junta ha aprobado el decreto que da herramientas a los ayuntamientos para tomar estas medidas.

"Toca ahora redactar la ordenanza que será cuento antes y mejor y siempre contando con todas partes implicados. Estoy seguro que se hará de la forma más rápida posible y conforme a todos los sectores implicados en la ciudad".

Juan Bueno: "La ordenanza de pisos turísticos se hará cuanto antes mejor"

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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este lunes el nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico (VUT), establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros en la comunidad, que introduce como principal novedad que los ayuntamientos podrán limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona "por razón imperiosa de interés general" mientras que mantiene la inspección en manos de la administración autonómica.

Profesionalizar la actividad

La modificación incorpora nuevos requisitos respecto a los previstos en el Decreto 28/216, de 2 de febrero, para el ejercicio de una actividad económica, como es la prestación del servicio turístico de alojamiento de viviendas, acorde con la normativa europea y nacional que regula los principios de libre acceso al mercado.

También se refuerza la figura legal de las empresas explotadoras de viviendas de uso turístico con el objetivo de profesionalizar la actividad, facilitar las relaciones con la administración turística y garantizar los derechos y deberes de los usuarios.

Otras modificaciones se orientan a actualizar los requisitos y exigencias de habitabilidad, acondicionamiento o servicios comunes para garantizar una mayor calidad en la prestación de servicio y protección de los derechos de los usuarios como los de superficie máxima por persona, número de baños o climatización, entre otros.

 
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