Educación pública subsidiaria

Sevilla

Todos los gobiernos aciertan, unos más que otros, y todos cometen errores. Es en las equivocaciones cuando me reconcilio con el Periodismo por su capacidad de frenar barrabasadas, de inducir a la rectificación y de propiciar cambios.

Había ocurrido con la marcha atrás de la Junta al aparcar la proposición de ley para ampliar los regadíos en el entorno de Doñana; y ha sucedido con la orden que finalmente ha frenado la privatización de la atención primaria que intentó colar el ejecutivo andaluz. Se ha logrado con el paquete de 18 medidas que ha terminado por presentar el ministro Planas ante las justas protestas del campo y se tendrá que imponer en Interior con las inversiones que deberá impulsar el ministro Marlaska para desarbolar al narcotráfico en una provincia de Cádiz que, pese a algunos importantes esfuerzos, ha sido abandonada.

En diez días arranca el proceso de escolarización y la Consejería de Educación deberá decidir si mantiene una política que depaupera la educación pública o rectifica. Según un informe de Comisiones Obreras, sólo en el curso 2023-2024 se han suprimido 486 unidades escolares en los centros públicos andaluces frente a las 17 eliminadas en la concertada, a la que parece no afectarle la bajada de la natalidad. Desde 2019, el número de clases chapadas en la pública se acerca a las 2.000. En nombre de la libertad de elección, el gobierno andaluz consagra la privatización progresiva de la educación y me pregunto si esa libertad de elección castigaría tanto a la pública si se impidiera que un 32% de centros siga sin comedor, un 25% sin aula matinal, o casi la mitad sin actividades extraescolares; si se ejecutaran las reformas que necesitan cientos de colegios, si se acelerara la bioclimatización o si se redujera la enorme brecha que existe en el bilingüismo entre la pública y la privada. Sin igualdad, no hay libertad de elección, hay una política que empuja a la pública de manera progresiva a ser un modelo subsidiario. Y no existe un error mayor.