La Plataforma Mezquita Catedral pide al juez que se reponga la celosía de Rafael de la Hoz retirada para el paso de cofradías
El titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 ha abierto una pieza de ejecución de la sentencia que anuló la autorización de la Junta para su retirada
Celosía de Rafael de la Hoz Arderius vista desde el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba / maria eugenia vilchez
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Córdoba
La plataforma ciudadana 'Mezquita Catedral de Córdoba: Patrimonio de Tod@s' se ha personado en el caso de la llamada segunda puerta de la Mezquita y ha solicitado al juez "la reposición" de la celosía que fue retirada en 2017 "y la restitución de la legalidad "conculcada por la Junta de Andalucía y la Iglesia Católica, con vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico".
Según ha informado la plataforma en un comunicado, así lo ha formalizado por escrito, después de que el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Córdoba haya permitido su personación en el procedimiento "como asociación cultural interesada en la defensa de los valores patrimoniales del monumento".
De esta forma, el citado juzgado cordobés "acaba de abrir una pieza de ejecución de sentencia", tal como ha pedido el colectivo ciudadano, "casi tres años después de que, ni el Cabildo Catedral, ni la Consejería de Cultura hayan dado un solo paso en la dirección de restaurar el orden transgredido y dar cumplimiento a la providencia del Tribunal Supremo, que en julio de 2021 anuló definitivamente la autorización que permitió suprimir la gran celosía del muro norte" del monumento.
Desde entonces, "la pieza de madera de dos toneladas de peso permanece supuestamente fragmentada en un almacén propiedad del Cabildo", recordando la plataforma que "la celosía fue suprimida por deseo de la Iglesia Católica y a petición de la Agrupación de Cofradías, para facilitar el flujo al interior del monumento de decenas de pasos de Semana Santa".
La decisión se encontró con la oposición de Rafael de la Hoz Castanys, hijo del autor de la celosía, que alegó que el elemento formaba parte indisociable del edificio y recibía, por tanto, el mismo nivel de protección como Patrimonio Mundial de la Unesco y Monumento Nacional.
El juez le dio la razón en una sentencia en 2018, ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y más tarde por el Supremo, que dejó sin efecto la autorización de la Consejería de Cultura, dirigida entonces por Rosa Aguilar.
En su fallo, según ha resaltado la plataforma, "el magistrado afirmó que la Ley autonómica estipula que las intervenciones en un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) deben estar guiadas por el objetivo de restaurar, rehabilitar y conservar", pero "ninguno de estos tres preceptos animaban la retirada de la celosía", tal y como ha argumentado la plataforma en su alegación ante el juez, pues "lo que perseguía la eliminación de la gran pieza de madera, en realidad, era un cambio de uso no previsto por la Ley de Patrimonio Histórico".
Ahora, en cumplimiento de la sentencia, la plataforma pide que se devuelva la celosía al arco número 17 del muro norte de la Mezquita, donde fue colocada en 1972 por Rafael de la Hoz Arderius para filtrar la luz natural procedente del Patio de los Naranjos, tal y como fue concebido por los fundadores del oratorio omeya en el siglo VIII.
El colectivo ciudadano también ha solicitado al magistrado "que se mantenga la función histórica del arco, ya que su conversión en puerta conlleva un incremento desproporcionado de cofradías, nazarenos y velas en el interior del monumento, tal como alertaba un informe de Icomos España".
Así, aquel documento del organismo asesor de la Unesco calificaba de "alto riesgo" la entrada masiva de pasos de Semana Santa, "aunque fue desoído por la consejera Rosa Aguilar, que buscó un contrainforme en la sede central de París (Francia) para desactivar el primer dictamen".
La Plataforma Mezquita Catedral estima que la sentencia de la celosía "representa un triunfo de la legalidad frente a la arbitrariedad con que la Iglesia católica y la Junta de Andalucía han gestionado el monumento en las últimas décadas", y se ha felicitado por la decisión judicial que permite, "en un auto de gran relevancia cultural, que la sociedad civil pueda participar activamente en la defensa del legado común que simboliza el patrimonio histórico de todos".
