La alcaldesa de Jerez traslada a la ministra la necesidad de mejorar el control de las viviendas turísticas
Isabel Rodríguez ha acordado con la María José García Pelayo comenzar a trabajar conjuntamente para abordar la situación de los pisos turísticos
Declaraciones de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, sobre pisos turísticos
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Jerez de la Frontera
La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mantenido este martes una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para abordar, de un lado, la necesidad de un mayor consenso en el proyecto de Ley del Suelo y, por otro, la regulación estatal de las viviendas turísticas.
García-Pelayo, que ha agradecido a la ministra su predisposición, ha reclamado mayor protagonismo de los ayuntamientos en la redacción y tramitación de la Ley del Suelo y también en la normativa que permita un mayor control de las viviendas turísticas, puesto que, como tantas otras leyes, “después se aplica en los municipios los ayuntamientos debemos contar con las herramientas necesarias para poder aplicarlas”.
Del mismo modo, la regidora jerezana, también presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ha alertado de la necesidad de que desde el Gobierno se facilite, de forma real y efectiva, el acceso a la vivienda, una demanda común en todas las ciudades y que, en el caso de Jerez, afecta de manera especial a los jóvenes y a las más de 3.000 personas que esperan poder acceder a una vivienda pública.
Durante la reunión, García-Pelayo ha solicitado a la ministra un aumento real de la oferta de vivienda asequible así como mayor seguridad jurídica para quienes invierten en la compra de una vivienda y para quienes alquilan.
La alcaldesa de Jerez ha trasladado que, aunque en nuestra ciudad aún no existe un problema grave con las viviendas turísticas, si es algo que está afectando de manera importante a otras ciudades por lo que desde el Gobierno de España se deben tomar medidas a nivel estatal que compatibilicen la vivienda turística con la residencial, un marco normativo que, con independencia de lo que hasta ahora han legislados comunidades autónomas como la andaluza, dote a los ayuntamientos de herramientas para poder controlar y ordenar estas viviendas de uso turístico.
