La Justicia ordena liberar a la exnúmero dos de Griñán, Carmen Martínez Aguayo, y al exconsejero Francisco Vallejo, condenados por los ERE

La Audiencia de Sevilla ha acordado este miércoles la puesta en libertad de los exconsejeros de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, que se encuentran cumpliendo condena por el caso de los ERE. Esta última fue la número dos de Griñán durante el mandato socialista. Vallejo ha abandonado el centro penitenciario Sevilla I pasadas las 19.15 de esta tarde.

Estos pronunciamientos, a través de dos providencias de las que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se producen después de que el Constitucional haya anticipado a la Audiencia sevillana el fallo de las sentencias por las que se resuelven sus respectivos recursos de amparo y se les exonera de sus condenas por malversación.

La Audiencia no ha recibido los fallos de las sentencias de la corte de garantías referentes al exconsejero Antonio Fernández y al exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román, por lo que no prevé resolver este miércoles sobre estos casos concretos.

El Pleno ha adoptado su decisión por siete votos a favor y cuatro votos en contra, los de los magistrados del ala conservadora. La mayoría ha determinado que se condenó a Martínez Aguayo por malversación sin precisar los hechos específicos que se le atribuyen y que se le aplicó indebidamente el delito de prevaricación porque la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva de este delito.

La Audiencia de Sevilla y el Supremo consideraron que Martínez Aguayo --en su calidad de viceconsejera de Economía y Hacienda (2004-2009) y Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía (2009-2010)-- participó en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos para los años 2005 a 2009 y en la elaboración de distintas modificaciones presupuestarias. Según esas dos sentencias, la realización de tales actos conllevó que terceros sustrajeran dinero público, sin que Martínez Aguado lo evitara.

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Ahora, el Constitucional constata que Martínez Aguayo, "quien solo intervenía en la fase de presupuestación y no tenía participación personal en la gestión de las ayudas realizada por la Consejería de Empleo", fue condenada por malversación "sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por la recurrente", según recoge una nota informativa del tribunal.

Los magistrados, además, han recalcado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación; y que el sistema de presupuestación utilizado fue aprobado por el Parlamento de Andalucía, por lo que no puede exigírsele a los condenados que actuaran en contra de lo previsto en las sucesivas leyes de presupuestos y en las memorias que las acompañaban.

Así, los magistrados han estimado parte de su recurso de amparo y han ordenado a la Audiencia de Sevilla a dictar una nueva sentencia al considerar que la Audiencia de Sevilla y el Supremo le aplicaron mal el delito de prevaricación y vulneraron su derecho a la presunción de inocencia al condenarle por malversación sin precisar los hechos que se le atribuyen específicamente a Martínez Aguayo.

Bajo el mismo argumento, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y del exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román. Así las cosas, ha ordenado también a la Audiencia de Sevilla que dicte dos nuevas sentencias que respeten los derechos de ambos.

Vallejo fue condenado a 7 años de prisión por un delito prevaricación con malversación por haber participado en la aprobación de los proyectos de ley de presupuestos para los años 2005 a 2009 y en la elaboración de distintas modificaciones presupuestarias por las que se incrementaban distintos programas. Como presidente del IFA/IDEA también permitió que se siguiera realizando el pago de las ayudas sociolaborales.

Jesús María Rodríguez Román fue condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a la pena de 6 años y 2 meses de prisión, con accesorias, y 15 años y 2 días de inhabilitación, con accesorias.