Nuevo varapalo económico en forma de sentencia contra el Ayuntamiento de Jaén

Jaén

Nuevo varapalo económico en forma de sentencia contra el Ayuntamiento de Jaén, al que la Justicia obliga a pagar 7.501 euros a un trabajador dentro del conflicto que tienen los letrados municipales con el concejal Vicente Oya, quienes han valorado para esta emisora como "muy positiva" para ellos la decisión de la jueza que ha elaborado esta resolución.

Y es que tras los autos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Jaén, de 8 de enero y 15 de enero de 2024, en los que se ordenaba la suspensión cautelar del Decreto por el que se disponía el traslado inmediato de uno de los tres letrados municipales a otro servicio del Ayuntamiento, y de la Sentencia nº 1287, de 2 de mayo de 2024, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que se ratificaba dicha decisión, es ahora el Juzgado de lo Social nº 3 de Jaén el que en su Sentencia nº 218/2024, de 25 de junio, declara que el concejal de Asesoría Jurídica, Vicente Oya, propuso dicho traslado sin tener competencias para ello y como una represalia contra el trabajador municipal por el hecho de haber interpuesto diversos procedimientos judiciales en defensa de sus derechos laborales como trabajador del Ayuntamiento.

Con ello, concluye la Sentencia a la que este medio ha tenido acceso, el Sr. Oya habría vulnerado el derecho fundamental del letrado afectando a la tutela judicial efectiva en su dimensión de garantía a la indemnidad. Por ello ordena dejar sin efecto la orden de traslado, obligando al Ayuntamiento a que lo reponga en su puesto en las mismas condiciones que tenía con anterioridad a la misma.

Por último, la sentencia condena por daños morales y obliga al Consistorio a indemnizar al trabajador con 7.501 euros, una cifra quizás no muy abultada en el presupuesto anual de una administración local como la jiennense pero sí con un mensaje de fondo importante para uno de los ayuntamientos más endeudados de España. Además, a esta cantidad, tal y como ha podido saber esta emisora, habría que añadirle el coste del abogado que ha defendido al Ayuntamiento en este mismo caso. "Esta cantidad se va a pagar con dinero público y es causa únicamente de la actuación del concejal Vicente Oya como represalia frente a un trabajador por defender sus derechos laborales", ha dicho a la SER el responsable de los servicios jurídicos en el Ayuntamiento de Jaén, Luis Hernández.