El Gobierno sostiene que liberalizar la AP-7 de la Costa del Sol costaría 2.000 millones de euros

Málaga

La decisión de liberalizar el peaje en la autopista AP-7 de Alicante hasta el próximo 15 de octubre ha puesto las espadas en alto en el PP de Málaga, que ha exigido el mismo trato para la autopista de la Costa del Sol, con la misma denominación.

El Gobierno ha salido al paso para defender que los casos de Alicante y la Costa del Sol son "completamente diferentes". En el caso de Alicante, la carretera está gestionada por la empresa pública SEITT (Sociedad Estatal de Transporte Terrestre) desde 2018, cuando tuvo que revertir al Estado por problemas financieros. Pero la autopista de la Costa del Sol es de gestión privada; la adjudicataria es la empresa Autopista del Sol, Concesionaria Española, S.A. (Ausol) y le quedan 22 años de concesión (hasta 2046) al tramo Málaga-Estepona y 30 años (hasta 2054) en el tramo Estepona-Guadiaro.

En relación a la AP-7 de la Costa del Sol, el Ejecutivo central indica que "la supresión unilateral de dicho derecho rompería el equilibrio económico-financiero de la concesión, con el consiguiente pago de indemnizaciones. Así, cualquier decisión sobre el levantar o bonificar los peajes tiene un coste que hay que compensar para garantizar este equilibrio y supondría un perjuicio económico para la Administración, y por lo tanto para el interés general". En base a este argumento, el Gobierno afirma que "el rescate de la autopista del Sol para poder levantar completamente el peaje tendría un coste en una primera estimación de unos 2.000 millones de euros, sin perjuicio de que con un análisis exhaustivo muy probablemente esta factura pueda aumentar".

Estas fuentes añaden que la autopista de la Costa del Sol fue adjudicada con gobiernos del Partido Popular.