Córdoba

Un grupo especializado que se encarga de casi todo. Es la mejor definición para el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA). Entre sus funciones destacan la investigación de incendios forestales, los delitos contra la flora y fauna o la sanidad animal, así como la lucha contra los cazadores furtivos, la persecución de los expolios de patrimonio histórico o la erradicación del maltrato animal, pero su implantación territorial hace que sus competencias vayan mucho más allá y presten apoyo ante denuncias urbanísticas o en labores de Seguridad Ciudadana.

La Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la comandancia de Córdoba cuenta con una Oficina Técnica de Apoyo al Mando y Coordinación de Unidades Subordinadas, un equipo de investigación de delitos en materia medioambiental y siete patrullas. Son las denominadas PAPRONAS, que se localizan geográficamente en Córdoba capital, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva de Córdoba, Hornachuelos, Montoro, Rute y Baena.

El SEPRONA existe desde el año 1988, aunque sus orígenes se remontan al 1876, cuando la Guardia Civil asumió los servicios de guardar el ámbito rural y forestal y la custodia de los montes del Estado. Sin embargo, sus precedentes más directos se encuentran en las patrullas rurales motorizadas, instauradas en 1982. Es precisamente la motocicleta el medio de transporte favorito de sus efectivos, dedicados a la protección del suelo, el agua y la atmósfera.

El teniente Diego Luis Rodríguez se incorporó a esta unidad en Córdoba hace algo menos de un año. "Me he enamorado de la especialidad", reconoce pensando en promocionar dentro del Instituto Armado. Un noviazgo con el medio rural que le viene de lejos al brigada Marco Antonio González, jefe de la oficina técnica del SEPRONA en Córdoba, que acumula ocho años de servicio en esta materia concreta.

"La prevención es clave", coinciden ambos, "porque en delitos medioambientales puede no haber vuelta atrás para restituir el daño causado". Se enfrentan a causas complejas que pueden llegar a estos agentes por denuncias de particulares, por sus labores de patrullaje diario, por investigaciones abiertas o por intervención de la administración.

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Esta última casuística es la más frecuente a la hora de perseguir la construcción ilegal en la provincia, pues reconocen que la coordinación con los ayuntamientos y la delegación territorial de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía es vital. "Cuando se detecta una urbanización en suelo rústico, se comunica a la entidad local correspondiente como organismo responsable de la planificación urbanística, para que nos reporte si ese inmueble es o no legalizable", explica Rodríguez. Cuando se descarta que pueda ser regularizado, la Guardia Civil inicia la vía penal contra los promotores o propietarios.

Al respecto, los agentes observaron un "repunte de más de un 40% de construcciones ilegales entre los años 2015 y 2022, que posteriormente se ha mantenido estable". Advierten de que la problemática afecta a la práctica totalidad del territorio cordobés, aunque señalan Montemayor y Fernán Núñez como los municipios en que se han desarrollado actuaciones en los últimos meses.

Entre los años 2015 y 2022, el número de construcciones ilegales que se levantaban en la provincia de Córdoba aumentó en un 40 %

—  Teniente Diego Luis Rodríguez

La Junta de Andalucía ha precintado en los últimos dos meses más de 300 parcelas y viviendas ilegales en toda la comunidad autónoma, gracias a la ayuda del SEPRONA. En Córdoba se ha paralizado la construcción de varios inmuebles en La Rambla; y la administración autonómica avisa de que "en las próximas semanas se llevarán a cabo actuaciones de precinto en otras 100 edificaciones ilegales en municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Córdoba".

ASCUAS Y AGUA

Entre las labores que tiene encomendadas el Servicio de Protección Medioambiental se incluyen también la prevención, extinción e investigación de incendios forestales o la vigilancia sobre agentes contaminantes. "La escena del espacio natural ardiendo es una imagen que no olvidas jamás, es devastador", dice Marco Antonio González. El jefe de la oficina técnica del SEPRONA detalla que "en la comandancia de Córdoba contamos con personal especializado en las pesquisas sobre incendios forestales, que interviene especialmente cuando se superan las 500 hectáreas de terreno afectado o cuando la vida de personas se pone en riesgo".

Aquí, la colaboración con el INFOCA es crucial, pues si se identifica que el fuego es intencionado, la Guardia Civil se encargará de instruir las diligencias correspondientes para sentar al presunto autor en un banquillo. "Son investigaciones muy complejas, porque ocurren en lugares aislados", admite Diego Luis Rodríguez, "por lo que a parte de los guardias civiles formados para ello, es vital la actuación de la primera patrulla que llega al lugar del incendio, sea o no del SEPRONA". Serán los agentes que hagan contacto con el suceso los encargados de asegurar la zona del origen del fuego, activar al dispositivo correspondiente tras valorar la magnitud del incendio y proteger los posibles vestigios que haya dejado el pirómano.

"Si la situación es estable y no hay que poner a salvo a nadie, nos encargamos de recopilar todos los testimonios que podamos de testigos en el lugar de los hechos, porque muchas veces son la clave para encontrar al autor", dice el teniente, que reconoce la "extrema complejidad de resolver estos casos". Con todo, envía un mensaje tranquilizador al poner de manifiesto que "en nuestra provincia la mayoría de incendios forestales se inicia por una negligencia, como una quema agrícola, la realización de trabajos forestales o barbacoas". Según datos del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el origen de entre el 97 % y el 100 % de los incendios que producen en la provincia están relacionados con la acción del hombre.

En los incendios forestales, la actuación de la primera patrulla que se persona en el lugar es clave, dado que los testigos pueden aportar información de gran valor para localizar a los presuntos autores del fuego

—  Teniente Diego Luis Rodríguez

En adición a la capacidad de reacción que la Guardia Civil debe desplegar cuando se produce un fuego, la Benemérita recorre los montes durante todo el año para identificar puntos peligrosos o posibles actividades que pongan en riesgo el medioambiente. Fruto de esa labor exploradora, los agentes se muestran "muy preocupados por los vertidos ilegales y la contaminación de las aguas".

Durante el año pasado, el Instituto Armado localizó importantes vertidos de productos contaminantes sin autorización a las aguas en Castro del Río, La Rambla, Torrecampo y la capital cordobesa, aunque de nuevo, insisten en que es una problemática generalizada. De hecho, enfatizan la "vigilancia activa que mantenemos en todos los municipios que vierten al Río Cabra, donde apreciamos un repunte muy significativo de volcado de productos tóxicos a partir del año 2019".

"Si se determina que el vertido ha causado daño al medio natural o ha puesto en riesgo la vida humana, iniciamos la vía penal", detalla Rodríguez. Como cada uno de sus pasos requiere una prueba que llevar ante la autoridad judicial, el análisis de las muestras se hace de forma coordinada con las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, así como con la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil, localizada en Madrid y con laboratorio propio.

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Pero no solo vigilan que el agua esté limpia, sino también que su uso se ajuste a lo establecido por Ley. Durante este mes de julio, los efectivos cordobeses intervinieron en un operativo en el cual se detectaron tres pozos ilegales, una balsa de almacenamiento de agua no autorizada de cuatro metros de profundidad y dos captaciones con contadores manipulados en una finca de olivar de la campiña cordobesa. Los técnicos de la Confederación del Guadalquivir estimaron que se extraían de forma irregular unos 127.000 metros cúbicos de agua al año para cultivar 84 hectáreas de olivar de regadío.

FURTIVOS "CADA VEZ MEJOR EQUIPADOS"

"Dar con ellos requiere paciencia, investigación, colaboración ciudadana y algo de 'efecto sorpresa'". Así se refiere el teniente Rodríguez a la persecución de los cazadores furtivos. Apuntala que "las labores de prevención se realizan durante todo el año, tanto en terreno cinegético como no cinegético; dentro y fuera de temporada de caza; y día y noche".

El SEPRONA revisa licencias, armamento, terrenos donde se desarrolla la caza, especies capturadas y su transporte y comercialización. Y en los últimos meses, el nivel de intervenciones se ha incrementado, asegura el teniente Rodríguez. Concretamente, entre mayo y junio de este 2024 se consiguió explotar dos operaciones que se saldaron con 6 investigados y la incautación de cuatro rifles equipados con silenciadores y mira térmica.

Recientemente se ha investigado a seis personas por un presunto delito de caza furtiva, en dos operaciones en la que hemos incautado cuatro rifles equipados con silenciadores y mira térmica

—  Brigada Marco Antonio González

"Los furtivos están invirtiendo cada vez más en equipamiento", advierte González. Durante toda la temporada de caza pasada, el SEPRONA de Córdoba intervino cinco armas, seis silenciadores, nueve redes invisibles, una jaula trampa, tres reclamos electrónicos o quince lazos, entre otras herramientas. Los furtivos se habían hecho con casi una decena de ciervos, 25 jabalíes y 44 aves capturadas ilegalmente.

A esto se suma que "es un delito que no se suele denunciar", se lamenta el brigada, "pues hay dueños de fincas que casi tienen interiorizado en su balance de pérdidas y ganancias que por cada temporada van a perder cinco o seis ejemplares, pero el perjuicio económico puede ir mucho más allá, porque si el episodio de caza furtiva se produce en los días previos a una montería legal, la manada habrá huido del sitio".

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Precisamente, el bienestar animal es una de las obsesiones de este equipo especializado de la Guardia Civil. Aceptan que "el maltrato es uno de los delitos más comunes en nuestro ámbito de actuación", pero para perseguirlo por la vía penal, los agentes deben demostrar que "se trata de un animal doméstico, que fruto de las lesiones se requiera un tratamiento veterinario y que las mismas se hayan producido de forma intencionada por parte del hombre". Los tipos agravados, comenta el teniente de la Benemérita, "incluyen la negación a que el animal reciba tratamiento veterinario o el delito de abandono que pone en riesgo su vida".

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, el número de denuncias que se reciben en los puestos de la Guardia Civil se ha multiplicado. Las comunicaciones llegan de personas físicas y también de protectoras, que en muchas ocasiones son capaces de aportar alguna prueba sobre el presunto maltrato. A partir de ese momento, concreta Marco Antonio González, "se activa a la patrulla más cercana para realizar una inspección visual del caso y las lesiones, requerir al propietario la documentación sobre el animal y verificar si se le está prestando atención veterinaria". Al respecto, reconoce, "hemos visto casos horribles y también hemos descartado otros, porque se ha podido comprobar que esas mascotas estaban bien atendidas".