El PP de Jaén pedirá que la Diputación asuma los gastos de las casas en ruina

Jaén

El PP ha anunciado este lunes que pedirá que la Diputación de Jaén asma los expedientes de las casas en ruina que hay en las localidades de menos de 20.000 habitantes. El portavoz de los diputados populares, Nicolás Grimaldos, ha asegurado que se trata de un "problema creciente" en el mundo rural jienense que provoca importantes gastos en las localidades.

Ha recordado que la ley establece que los consistorios pueden obligar a los dueños de los inmuebles a que lleven a cabo las obras necesarias para mantener la seguridad pero, en muchas ocasiones "muchos de estos edificios no tienen un dueño claro o este no tiene los recursos económicos suficientes para hacer frente a la intervención".

Es aquí donde la situación se complica ya que hay que "incoar un expediente de ruina" que deben realizar "técnicos externos a los que hay que pagar por cada servicio prestado" lo que provoca un aumento del gasto "en presupuestos ya de por sí muy ajustados". Y es aquí donde, sostienen, debe entrar la administración provincial.

Proponen que se cree un Negociado de Ruinas para que se asuma, desde la Plaza de San Francisco, el procedimiento administrativo para los casos de incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, "al igual que hacen otras diputaciones" ha aseverado Grimaldos.

Para ello, desde las filas populares han detallado que se debería firmar un convenio con los municipios que quieran para que la Diputación adelante el dinero para ejecutar el expediente completo en que caso de que el pueblo no pueda y, posteriormente, "el municipio solicitante pueda devolverlo dentro de unos plazos a estipular" ha explicado el exalcalde de Torre de Albanchez.

Por último, ha adelantado que la propuesta del único grupo de la oposición también contempla que la administración que preside Francisco Reyes podrá redactar un convenio al que se sumen las poblaciones pequeñas para que se envíe el gobierno central un listado de "inmuebles vacantes" que, en caso de no tener propietario conocido, su coste deberá ser asumido por el Estado.