Promálaga acusa a su exdirector económico de un delito continuado de cohecho, blanqueo de capitales o malversación

Málaga

Nuevos datos del 'Caso Mordidas', en el que se investiga al exdirector Económico y Financiero de Promálaga Francisco Muñoz por supuestamente pedir dinero a un empresario a cambio de adjudicaciones públicas. Promálaga, empresa municipal dependiente del ayuntamiento de Málaga, acusa a Muñoz de los delitos continuados de cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, además de malversación, negociación prohibida de los funcionarios públicos y cohecho por razón de cargo, según fuentes municipales. La sociedad municipal, que es acusación particular en este caso, atribuye más delitos a Muñoz que la Fiscalía, que ha pedido para el exdirectivo 3 años y diez meses de cárcel por cohecho y falsedad de documento mercantil.

La concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, desvelaba durante el pleno del ayuntamiento de Málaga que la acusación de Promálaga es más extensa que la del propio ministerio público, aunque sin revelar los delitos concretos. Lo hacía como argumento para defender la actuación del equipo de gobierno en este caso: "Promálaga se ha personando desde el principio como acusación particular; es más, hemos ido mucho mas allá de la Fiscalía, nosotros (lo) hemos acusado de más delitos de los que la Fiscalía ha acusado y estamos pidiendo más", ha señalado Izquierdo.

Explicaciones aparte, el equipo de gobierno del PP ha tumbado con su mayoría absoluta todas y cada una de las peticiones que hacía el grupo Con Málaga en su moción urgente, y que iban desde la celebración de una comisión de investigación sobre el caso, hasta la petición al Tribunal de Cuentas de que fiscalizase los contratos públicos y las cuentas de Promálaga. Los populares también han rechazado facilitar a los grupos de la oposición los informes elaborados o firmados por Muñoz que hubieran sido incluido en expedientes de adjudicación de contratos y subvenciones del ayuntamiento, organismos autónomos o empresas municipales. El Grupo Socialista se ha sumado a todas las peticiones de la coalición de Izquierda Unida y Podemos, mientras que Vox ha apoyado todos los puntos excepto el relativo a la realización de una comisión de investigación, en el que se ha abstenido.

Un debate en el que concejala de Innovación del equipo de gobierno acusaba a la oposición del "daño reputacional" que estaban haciendo a Promálaga. En la bancada de enfrente le contestaban: "Ustedes dejaron prescribir el caso y luego le pagaron un dineral", indicaba el concejal socialista Mariano Ruiz Araujo en relación a la indemnización de 180.000 euros que tuvo que pagar Promálaga al exdirector económico tras despedirlo. "¿Cómo lo llamamos? ¿cómo que no es corrupción? Es un alto cargo del equipo de gobierno del PP", señalaba la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que incidía en la falta de transparencia de los populares en este caso.

La investigación del caso Mordidas data de 2017. El gerente de Promálaga, Francisco Salas, y el entonces concejal del ramo, Mario Cortés (PP), denunciaron el asunto a la policía después de que el empresario afectado alertase al gerente de Promálaga y luego contase a la policía que al negarse a pagar la mordida había dejado de licitar con esta empresa municipal. El ayuntamiento de Málaga tomó la decisión de despedir al director Económico y Financiero de la sociedad municipal el 26 de septiembre de 2019. Posteriormente, Promálaga se vio obligado a indemnizar a Muñoz con 180.000 euros después de que un juzgado declarase improcedente el despido.

En su relato, el fiscal indica que el acusado se reunió el 29 de noviembre de 2016 en un pub del centro de Málaga con el directivo de una empresa de consultoría que había mantenido relaciones comerciales con Promálaga. Muñoz le habría exigido el pago del 50 por ciento del beneficio obtenido con el último contrato firmado con esta sociedad del ayuntamiento de Málaga tras afirmar que, gracias a su intervención, la consultoría había conseguido contratos con la empresa pública. Así mismo le habría informado de la posibilidad de seguir prestando sus servicios en el futuro con Promálaga en el caso de que atendiera a sus exigencias. La petición fiscal añade que con objeto de dar apariencia de legalidad a esa petición, el acusado y su esposa, de común y previo acuerdo, confeccionaron una factura falsa en la que le solicitaban al directivo 1.223,42 euros por un supuesto trabajo de consultoría que nunca se había llevado a cabo. El caso está pendiente de juicio.