Los interventores de la Junta de Andalucía ven fraude de ley en los fraccionamientos de contratos del Servicio Andaluz de Salud
El gobierno de Juan Manuel Moreno defienden la legalidad de estas actuaciones, mientras que la oposición socialista anuncia que irá a los tribunales
Los interventores de la Junta ven fraude de ley en los fraccionamientos de contratos del SAS
Sevilla
Los interventores de la Junta advierten de que ese fraccionamiento de miles de contratos es un fraude de ley. Con ellos, la Junta de Andalucía repartió a dedo esos 458 millones a empresas de sanidad privada en 2021. Según el diario.es, los auditores amenazan al gobierno de Juan Manuel Moreno con elevar un informe de actuación al apreciar indicios delictivos.
Según esta información, el pasado mes junio, los auditores del Servicio Andaluz de Salud en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén elevaron a la dirección gerente cuatro informes “desfavorables” sobre fiscalización en la contratación de obras, bienes y servicios en 2021, en los que denuncian el “uso abusivo” y la “utilización del contrato menor en fraude de ley”.
En un solo año, el SAS gastó más de 458,3 millones de euros a través de adjudicaciones a dedo en estas cuatro provincias, cientos de contratos menores, la mayoría firmaron farmacéuticas: en algunos casos, se contabiliza la firma de dos contratos menores al día –durante los 365 días del año– con la misma empresa y por el mismo concepto, multiplicando exponencialmente la factura inicial.
Hoy por Hoy Matinal Andalucía 07:50 (01/10/2024)
Desde la oposición, el PSOE andaluz lo considera un escándalo y pedirán explicaciones. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, anuncia que acudirán a los tribunales a denunciar los hechos "que se suman a los que ya venimos denunciando del abuso y la derivación de recursos a la sanidad privada sin ningún tipo de control durante varios años en esa consejería".
El Psoe-A pide explicaciones a la Junta por el fraccionamiento de contratos
La Junta niega el fraude de ley
Fuentes del gobierno andaluz explican que esos 458 millones se corresponden a todos los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud hizo en 2021 en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén. Un total de 295.914 contratos menores de los que los interventores de la Junta solo han analizado 573, el 0,19 por ciento.
Por tanto sostienen en el gobierno de la Junta, que utilizar ese mínimo porcentaje para decir que todos los contratos están en fraude de ley es una falta de rigor absoluta. Además recuerdan que el contrato menor es una figura legal válida y en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos ya que esos contratos sirvieron para comparar medicamentos, prótesis o marcapasos, que fueron suministrados y recetados a los pacientes.
Por último acusan al PSOE andaluz de estar tergiversando los datos para tapar el nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores que les salpica en el caso de la FAFFE, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos socialistas.