La justicia admite a trámite la denuncia del PSOE-A contra las adjudicaciones a dedo del SAS a clínicas privadas abusando del procedimiento de emergencia

Sevilla

El juzgado de instrucción número 13 de Sevilla admite a trámite la denuncia presentada por el PSOE andaluz por el gobierno de Juan Manuel Moreno el pasado 20 de junio por presunta malversación y prevaricación, por la adjudicación de unos 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria utilizando el procedimiento excepcional que se aprobó con motivo de la pandemia del Covid, y que el Servicio Andaluz de Salud siguió utilizando hasta 2023, dos años después de que se derogara legalmente.

Esta admisión a trámite de la denuncia del PSOE andaluz supone la apertura de diligencias sobre los contratos de emergencia realizados por el SAS desde 2021 hasta 2023, mediante un procedimiento de emergencia, sin publicidad, control, ni concurrencia, basándose en una normativa derogada.

El secretario general del PSOE, Juan Espadas, ha señalado que tras pedir explicaciones por la vía parlamentaria "no nos ha quedado otra que trasladarlo a los tribunales de justicia" para que se depuren responsabilidades. En este sentido, el líder socialista asegura que con esta admisión a trámite "se confirma el que los tribunales de justicia" van a investigar qué es lo que ha pasado esos dos años desde el Covid, desde 2021 a 2023".

Fraccionamiento de contratos

Esta decisión judicial se conoce en plena polémica por el fraccionamiento de contratos del SAS. Los interventores de la Junta advierten de que ese fraccionamiento de miles de contratos es un fraude de ley. Con ellos, la Junta de Andalucía repartió a dedo esos 458 millones a empresas de sanidad privada en 2021. Según el diario.es, los auditores amenazan al gobierno de Juan Manuel Moreno con elevar un informe de actuación al apreciar indicios delictivos.

Según esta información, el pasado mes junio, los auditores del Servicio Andaluz de Salud en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén elevaron a la dirección gerente cuatro informes “desfavorables” sobre fiscalización en la contratación de obras, bienes y servicios en 2021, en los que denuncian el “uso abusivo” y la “utilización del contrato menor en fraude de ley”.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha defendido este miércoles la legalidad de los contratos menores realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que el PSOE de Andalucía ha anunciado que llevará a los tribunales por "posible malversación y prevaricación". En declaraciones a los medios con motivo de la presentación del Plan Estratégico Andaluz para el Abordaje de las Hepatitis Víricas, Hernández ha insistido en que "no hay ningún fraude" y ha sostenido que la Junta ha actuado "con total transparencia" al ofrecer esos contratos para que "quien quiera los pueda analizar y si piensa que los pueden llevar a los tribunales, están en su derecho".