PSOE y sindicatos exigen a la Junta y al Ayuntamiento de Jaén, medidas para intentar prevenir las agresiones a trabajadoras sociales

Jaén

El PSOE de Jaén exige a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la capital que “tomen medidas” para proteger el ejercicio del trabajo social e intentar prevenir y evitar las agresiones contra las trabajadoras sociales. La parlamentaria Mercedes Gámez pide al Gobierno andaluz que al igual que ocurre con el SAS, introduzca los servicios sociales “dentro del Observatorio de agresiones” con el objetivo de impulsar medidas de prevención y protección. Asimismo, solicita “campañas de concienciación” entre los usuarios “para prevenir desde el inicio” y aboga por “hacer que los servicios sociales funcionen y tal y como deberían, y no con excesivas dilaciones y largas listas de espera que llegan a superar incluso los 2 años”.

Por su parte, la gerente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, Maribel Linares, explica que la principal reivindicación del colectivo es “que se reconozca a las trabajadoras como personas de autoridad” para que cualquier agresión “se considere atentado contra la autoridad”. Advierte que “llevamos una temporada donde esas agresiones son frecuentes en toda España” y que “incluso ya se están normalizando los ataques verbales, que no se suelen denunciar”.

Mari Carmen Sánchez, de UGT, señala que al equipo de Gobierno del Ayuntamiento “le hemos pedido vigilancia en los centros de servicios sociales” y reclama en este sentido que “las personas que trabajan por los demás sean cuidadas y protegidas por parte de la administración pública”. Asimismo, critica que es "realmente lamentable que estas personas sean víctimas de una normalización de la violencia en su trabajo diario, donde reciben insultos, agresiones y empujones”.

Juanfran Lendínez, de CCOO, denuncia que se están viviendo “situaciones muy desagradables” y alerta contra “un escenario de normalización donde insultos, agresiones y comentarios desafiantes forman parte del día a día de todas estas trabajadoras”, mientras que Enrique García, de CSIF, pide a las administraciones autonómica y local “que pongan las medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder”.