La Junta autoriza a la UMA a verificar diez títulos incluidos en la nueva programación académica

Málaga

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha autorizado el proceso de verificación de los planes de estudio de las primeras diez titulaciones de la Universidad de Málaga (UMA) contempladas en la nueva programación académica que se implantará a partir del curso 2025/2026 en el sistema público de educación superior, con una oferta global de 188 enseñanzas. Ese refrendo se ha dado para un total de 69 enseñanzas presentadas por las diez instituciones académicas públicas. Tras la aprobación en mayo de esa planificación, después de un trabajo conjunto entre la Administración autonómica y los rectores, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha esta segunda fase con la emisión de informes preceptivos previos, que permiten activar la verificación y la posterior aprobación e impartición de las enseñanzas.

De acuerdo con el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias en la comunidad, aprobado en 2023, esos informes previos evalúan la adecuación de los títulos a los objetivos y criterios fijados en la programación, así como su viabilidad académica y social.

La Consejería de Universidad abrió el pasado mes de septiembre la primera convocatoria para que las diez universidades públicas pudieran remitir ya sus solicitudes con la documentación necesaria para someterse a este visto bueno previo.

En esta primera ventana se han presentado 73 titulaciones, de las cuales el 93,52%, es decir, 69, han recibido informe favorable, mientras que las cuatro restantes también han obtenido el visto bueno de la Administración autonómica, aunque de forma condicionada, por lo que deberán subsanar las observaciones realizadas para poder continuar con el procedimiento, han señalado desde la Junta en un comunicado.

De los diez estudios para los que la UMA ha solicitado informe, nueve son de máster y uno se corresponde con un programa de doctorado. En el capítulo de másteres, seis de ellos tienen un carácter interuniversitario y se impartirán en colaboración con instituciones académicas de la comunidad, del conjunto del país e, incluso, con campus internacionales.

Ofrecen especialización en Biotecnología y Biología Vegetal, formación que se pondrá en marcha con la UNIA; en Ciberseguridad, en Derecho Digital, junto con los campus de Almería, Cádiz, Córdoba y Jaén; en Estudios Avanzados en Trabajo Social y en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, en colaboración con la institución de Córdoba. También se ofertarán los másteres en Intervención e Investigación Logopédicas, en colaboración con la Universidad de Chile; en Materiales Avanzados, junto con ocho universidades del conjunto del país; en Salud Global, junto a las instituciones de Almería y de Islas Baleares; y en Tecnologías para el Mundo Conectado.

En el apartado de programas de doctorado, la UMA impartirá uno en Estudios Sociales y del Trabajo. Estos primeros diez títulos se incluyen en el mapa global aprobado para la Universidad de Málaga, que se compone de 25 nuevas formaciones universitarias.

Al margen de la citada oferta, la Consejería también ha dado el respaldo previo a otros cuatro títulos interuniversitarios en los que participará la UMA y que han sido presentados por otras instituciones andaluzas en calidad de coordinadoras. De ellos, dos son estudios de máster y dos se corresponden con programas de doctorado.

En el capítulo de másteres, la institución malagueña participará en el máster de Dirección de Proyectos, junto a los campus de Cádiz y Córdoba; y en el de Gestión Administrativa, en colaboración con la Universidad de Jaén. En el caso de los doctorados, también formará parte del de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, junto a las instituciones de Sevilla y Alcalá de Henares; y en el de Arquitectura, con los campus de Granada y Sevilla.

CRITERIOS PARA EVALUAR LA VIABILIDAD Y LA ADECUACIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Para la correcta valoración de la Consejería de Universidad en este paso previo, la UMA, al igual que el resto de las instituciones públicas, ha tenido que pronunciarse en la documentación aportada sobre una serie de criterios contemplados en la propia programación académica.

Entre ellos, destacan la estructura socioeconómica, la inserción laboral y la formación dual; la viabilidad de las nuevas titulaciones; el equilibrio territorial de la oferta de enseñanzas; los títulos conjuntos; la internacionalización; el principio de especialización de la universidad y complementariedad de la programación; la suficiencia de recursos de personal e infraestructuras; la solvencia y viabilidad económica y el aseguramiento de la calidad.

Atendiendo a esos parámetros, las universidades han tenido que aportar datos prospectivos que justifiquen la inserción de la enseñanza en el sistema productivo, así como información sobre la absorción de los egresados en el tejido empresarial, prestando mayor atención a conocimientos relacionados con los idiomas, la innovación, las TIC y el emprendimiento).

De igual modo, se les ha requerido que demuestren la viabilidad de la enseñanza con un estudio de la evolución de titulaciones afines en los últimos cursos en el sistema universitario andaluz y español. En este caso, además, las universidades deben demostrar que los estudios de grado presentados tendrán un número de estudiantes de nuevo ingreso de en torno a 60, y en el supuesto de los másteres, que contarán con unos 30.

En cuanto al equilibrio territorial, las instituciones académicas tienen la obligación de hacer una valoración de la zona de influencia del título con respecto al mapa de enseñanzas existente. Además, teniendo en cuenta lo que establece la normativa, la Consejería evalúa favorablemente que los másteres se impartan en modalidad conjunta, por ser un elemento cohesionador del sistema universitario que favorece su eficiencia y equilibrio.

También se tiene en cuenta en el informe previo el componente de la internacionalización, tomando en consideración aspectos como la formación en otro idioma, especialmente en inglés; la movilidad de estudiantes, la captación de alumnado extranjero o la disponibilidad de un personal docente e investigador con las competencias adecuadas para realizar su actividad en otras lenguas.

De igual modo, se valoran aquellos títulos en los que, al menos, un 50% de los créditos sean impartidos en una segunda lengua, formen al estudiantado en la competencia lingüística y le preparen para un mundo laboral donde es primordial el conocimiento de uno o más idiomas extranjeros.

En materia de suficiencia de recursos, la universidad tiene que acreditar que dispone del personal docente e investigador para cubrir, al menos, el 85% de la oferta de créditos del título.

Para las enseñanzas con mención dual, conjuntos e internacionales, la referencia mínima se establece en un 75%. En el caso de las enseñanzas virtuales e híbridas, es necesario describir los medios materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los objetivos de esta modalidad.

En relación con la solvencia y la viabilidad económica, las universidades están obligadas a aportar una memoria económica que contenga los datos relativos a las infraestructuras materiales, los recursos de personal docente e investigador y de plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios para impartir la nueva enseñanza.

Esa información tiene que detallarse por cada curso desde su puesta en marcha hasta su total implantación, así como las fuentes de financiación. Una vez informada favorablemente la solicitud de las universidades, la Junta la comunicará a la Accua, que será la encargada de evaluar el contenido de los planes de estudio. En esta fase de verificación será el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el responsable de adoptar la última decisión teniendo en cuenta dicha valoración.