Los dueños de una finca de Sevilla evitan la cárcel por robar agua del acuífero de Doñana
La Audiencia ha rebajado la pena a los dueños de Hato Blanco Viejo de Aznalcázar por las dilaciones indebidas del proceso. Han sido condenados a año y medio de prisión por un delito contra el medio ambiente y otro de daños
Imagen de archivo de Doñana. EFE / Julio Muñoz (EFE)
Sevilla
Un año de prisión por un delito contra el medio ambiente y seis meses por un delito de daños. Es la consecuencia de estar robando agua de un acuífero que surte a Doñana. Ninguno de los cinco hermanos condenados tendrá que entrar en prisión porque la Audiencia de Sevilla rebaja de tres años y medio a año y medio de cárcel la pena que le había impuesto un juzgado penal por extraer del acuífero Almonte Marismas más agua de la que tenían autorizada, casi 20 millones de metros cúbicos en cinco años, entre 2008 y 2013. Son los dueños de la finca Hato Blanco Viejo de Aznalcázar, en Sevilla.
La Sección Cuarta de la Audiencia les aplica la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo que ha tardado en celebrarse el juicio, más de una década desde la última imputación. La multa que tendrán que pagar se queda en 4.200 euros cada uno. Sí se mantiene la indemnización que deben abonar de un millón novecientos mil euros. .
El Tribunal confirma los hechos probados. Donde se decía por ejemplo que obtuvieron un enorme beneficio económico por el saqueo del acuífero que está conectado a Doñana, un espacio con la máxima protección mundial. El robo ha sido de tal volumen que el nivel freático del acuífero bajó hasta 15 metros, según el perito de la Fiscalía de Medio Ambiente.
"A pesar de la complejidad técnica del supuesto, el número de acusados y testigos que han intervenido en la causa, o el número de periciales, informes o documentos incorporados no está justificada una instrucción dilatada en cuatro años", indica la Audiencia, que también menciona la "paralización sin justificación" durante tres años, o a los plazos de enjuiciamiento marcados por el "exceso de trabajo" en los Juzgados de lo Penal de Sevilla.
La finca está inscrita en el Catálogo de Aguas Privadas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el terreno se ha explotado mediante cultivos rotatorios, como algodón y arroz.
Los hechos se investigaron en el juzgado de instrucción número 2 de Sevilla y se juzgaron en primera instancia en el penal 14 de Sevilla.
